Cientos de efectivos de la UIP de la Policía española (en torno a un millar) han sido la avanzadilla y se les sumarán unos 350 antidisturbios de la Guardia Civil, según se ha confirmado este martes. Son el contigente decidido por el Gobierno español en previsión de protestas por la inminente sentencia del «procés», que se anuncia entre este viernes 11 y el lunes 14, y están ya llegando a Catalunya o en camino.

El operativo recuerda obviamente al que se desplegó en setiembre de 2017 para intentar impedir, sin conseguirlo, el referéndum del 1 de Octubre. Entonces se calculó que terminaron siendo enviados a Catalunya miles de policías españoles y guardias civiles (algunas fuentes lo elevaron a 10.000).

En este momento se estima que el dispositivo no superará los 1.500, pero matizando siempre que su dimensión se irá evaluando, con posibilidad de ser modificado al alza, si las protestas proliferan y «toman carácter violento», dicen fuentes del Estado claramente interesadas en promover este relato.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la Guardia Civil programó este lunes una conferencia desde el Centro de Operaciones de la Dirección General con el objetivo de establecer «un dispositivo especial que permita reforzar las capacidades de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña para mantener unos niveles adecuados de autoprotección para las infraestructuras propias y garantizar el normal funcionamiento de ciertos servicios esenciales en esa comunidad autónoma».

En el diseño de este dispositivo han participado unidades de seguridad ciudadana de las zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León, así como de ocho comandancias.

No se contempla esta vez el envío de buques como los que entonces albergaron a los efectivos policiales españoles en los puertos de Barcelona (el famoso y ridículo «Piolín») y Tarragona. Tampoco han trascendido imágenes de despedidas en sus localidades. Aquello ocurrió entre gritos de apoyo y cánticos como «a por ellos», que escandalizaron a la opinión pública catalana hace ahora dos años y fueron preludio de las cargas del 1-O, que dejaron un millar de personas heridas o contusionadas.

La investigación de las cargas, adelante

La noticia del despliegue se solapa además en el tiempo con la revelación, este mismo martes, de un nuevo paso del juzgado que investiga aquellas cargas policiales, en el que hay una cincuentena de agentes y mandos imputados ya.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha solicitado un listado con los miembros de la Brigada Provincial de Información y de la Policía Judicial de la Policía española que actuaron en el operativo contra el 1-O, «indicando los jefes de estas dos unidades», además de la identificación de los agentes, su grupo, categoría, función y centro de votación en el que actuaron.

En una serie de tuits recogidos por Europa Press, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra (Barcelona en Comú), ha compartido diversos fragmentos de la providencia dictada, en la que el juez también pide a la Secretaría de Estado de Seguridad «el Plan de Actuación establecido por la superioridad para dar cumplimiento» a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum.

Serra ha detallado que los indicios que llevan al magistrado a tomar esta decisión es un informe aportado por la Policía española «que pretendía incriminar a manifestantes por la intervención en la Escola Fedac Horta, donde un agente resulta herido».

El juez requiere otras informaciones, como el correo electrónico que el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López envió a De los Cobos (guardia civil encargado de coordinar todo el operativo) con un listado de escuelas, así como un correo en el que se solicitaba ayuda a la Policía española en relación a 200 colegios. El magistrado de Barcelona realiza esta petición vía exhorto al Tribunal Supremo (TS), a quien pide testimonio de las declaraciones de los mandos policiales.

Serra ha resaltado que es el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce de acusación popular, quien está impulsando esta investigación y no la Fiscalía. Y ha añadido que «pese a que la Secretaría de Estado de Seguridad se niegue a aportar el organigrama completo con la cadena de mando, poco a poco se va reconstruyendo el rompecabezas».