El Gobierno de Nafarroa sigue sin acalarar si recurrirá las sentencias del TSJN contra el euskara

A más de una semana de que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) dictasen las sentencias contra el euskara, y tras las críticas por no aclarar si el Gobierno de Nafarroa las recurrirá o no, el consejero Javier Remírez sigue sin dar una respuesta clara.

Ibai AZPARREN|2019/10/09 18:15
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El portavoz Javier Remírez en una comparecencia anterior. (@MartxeloDiaz)

En una comparencia, a petición propia, del consejero de Presidencia, Función Pública Igualdad e Interior, Javier Remírez, para explicar las consecuencias a nivel de Función Pública de la ejecución de las sentencias del TSJN sobre el Decreto 103/2017, el Gobierno de Nafarroa sigue sin disipar las dudas sobre qué medidas tomará.

En este sentido, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha criticado que el Ejecutivo navarro no ha fijado su posición por los próximos comicios del 10 de noviembre, pero ha augurado que no presentará recurso alguno y que ello supondrá un «error monumental» porque «nos encontraríamos en un limbo jurídico».

Así, Araiz ha recordado que EH Bildu se opuso al Decreto 103/2017 por «ser el mal menor» y ha afirmado que «zonificación es igual a discriminación». No obstante, ha señalado además que la sentencia supone «un retroceso en derechos lingüísticos» pues «se va a discriminar a unas personas por el hecho de saber euskara».

Al igual que EH Bildu, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E han pedido al Gobierno de Nafarroa que recurra las sentencias, recordando así que dispone de treinta días hábiles para hacerlo.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha mostrado su preocupación porque con estas resoluciones «se han vulnerado los derechos de una parte de la población», y ha aclarado que el fallo del TSJN confunde «el concepto de mérito con el de necesidad».

La parlamentaria del PSN, Inmaculada Jurío, en cambio, ha señalado que la postura de su partido es clara: interponer un recurso no tiene sentido y no proporcionaría seguridad jurídica.

Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha dicho que su coalición no está contra el euskara, pero este idioma tiene que estudiarlo «quien libremente quiera» y en este sentido ha exigido que se acate la sentencia.

Fijadas las posiciones de cada partido, Ramírez no ha aclarado la suya ni la del Gobierno navarra, y ha salido del paso explicando que el Ejecutivo no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto porque lo están analizando, tal y como ha hecho en anteriores comparecencias.

Tranquilidad y también inseguridad

Sobre los efectos que pueden tener las sentencias, el consejero ha transmitido «un mensaje de tranquilidad» a los trabajadores públicos que han logrado su plaza desde noviembre de 2017 al amparo del decreto foral, ya que «su plaza está absolutamente consolidada y no es objeto de revisión».

La situación, ha agregado, es diferente si las sentencias son firmes porque no se presentan recursos, por lo que sería de aplicación la normativa con los artículos anulados o sustituidos.

Por modalidades de empleo público, el consejero ha explicado que los titulares de las 718 plazas adjudicadas por oposición o traslado desde la aprobación del decreto no se verán afectados, ya que en ese proceso no hay valoración de méritos. Tampoco se verán afectadas otras 252 plazas adjudicadas por procedimientos ya firmes, aunque se hayan valorado méritos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que los recurrentes pidan la ejecución provisional de las sentencias, lo que ya han anunciado Afapna y UGT. Esto supondría, en caso de ser aceptado por el TSJN, que tampoco sean de aplicación los artículos anulados.

Esa situación, ha admitido Remírez, «sí crearía un horizonte de cierta inseguridad jurídica», ya que supondría que los procesos de selección pendientes que se ejecutarían con arreglo al decreto serían objeto de revisión si la resolución final del recurso de casación es contraria al criterio aplicado durante este periodo transitorio.

Así, el consejero ha indicado que se podrían ver afectadas plazas que aún no son firmes y en las que sí se valoró el conocimiento del euskara, 410 de ellas de procedimiento de ingreso y 1.500 de procedimiento de provisión.

Tampoco todas ellas se verían afectadas ya que hay diversos aspectos a tener en cuenta como, por ejemplo, las convocadas en la zona vascófona, donde no son de aplicación las sentencias.

Quedan otras 1.095 plazas de 2017 y 2018 pendientes de convocarse, 704 de ingreso y 391 de provisión, para las que se abren también distintos escenarios.

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