ESK califica de «atropello» la adjudicación de pisos de Alokabide en Agurain y Araia

ESK ha explicado que Alokabide ha presionado a adjudicatarios de Agurain y Araia para que acepten los pisos de alquiler que se les proponen, a pesar de las gestiones administrativas realizadas por esas personas para rechazar esas viviendas.

NAIZ|GASTEIZ|2019/10/10 13:45

ESK ha calificado de «atropello» la forma de actuar de Alokabide al presionar a posibles adjudicatarios de viviendas de alquiler público en Lautada para que acepten los pisos aunque aleguen haber encontrado otra vivienda, lo que les aboca a perder las ayudas sociales.

Este sindicato, que cuenta con el apoyo de otras organizaciones sociales y de algunos alcaldes, ha explicado en un comunicado que Alokabide ha presionado a adjudicatarios de las localidades de Agurain y Araia para aceptar los pisos de alquiler que se les proponen, a pesar de las gestiones administrativas realizadas por esas personas para rechazar esas viviendas.

Como consecuencia, Etxebide, les excluye de sus listas lo que les hace incumplir los requisitos para percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

ESK recuerda que pasan varios años desde la inscripción en Etxebide hasta que se adjudica un piso y, en ese tiempo, en muchas ocasiones los solicitantes consiguen una vivienda en buenas condiciones, a veces amueblada y a buen precio.

Explica que los pisos de alquiler que ofrece Alokabide no tienen muebles en muchas ocasiones y además hay que pagar el alta de los suministros, por lo no se trata «de ningún chollo», pero al renunciar a la vivienda protegida existe el riesgo de salir del listado de Etxebide.

Si esa persona es perceptora de la RGI, la renuncia a la vivienda de protección supone la «extrema penalización» de que se suspendan las ayudas, recalca el sindicato.

Ha recordado que hasta ahora en Lautada era aceptado por Alokabide o Etxebide un recurso a esta adjudicación en el que se explicase que aceptar la vivienda suponía un perjuicio económico.

«Somos testigos de situaciones sangrantes, en los que la persona o familia se ve obligada a salir de su domicilio, debiendo endeudarse para pagar una fianza, dar de alta los suministros de luz, gas, agua, comprar muebles, cambiar a sus hijos de centros escolares, desestabilizando y provocando en muchos casos un claro retroceso en el proceso de inclusión social de estas personas», ha explicado ESK, que aboga por ello por permitir a los adjudicatarios elegir alojamiento siempre que no suponga un coste extra para la Administración.