Stop Desahucios alerta de desalojos en Intxaurrondo y señala al Gobierno de Lakua

Stop Desahucios se ha concentrado ante la sede del Ejecutivo de Lakua en Donostia para llamar la atención sobre situaciones como las que se están produciendo en Intxaurrondo. Varias afectadas han acudido, junto a electos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

NAIZ|2019/10/10 16:01
Desahucios
Rosa García, afectadas por los desalojos y electos de EH Bildu y EP. (STOP DESAHUCIOS)

La plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha reclamado este jueves a las distintas instituciones con competencias en materia de vivienda que «pinchen la burbuja especulativa» de los alquileres y que doten suficientemente el parque público para que «nos parezcamos a Europa» en este campo.

La portavoz de la plataforma, Rosa García (último Tambor de Oro de Donostia), ha hecho este emplazamiento en una rueda de prensa organizada por Stop Desahucios ante la sede del Gobierno de Lakua en la capital guipuzcoana para «denunciar los desalojos» de los alojamientos dotacionales emplazados en el barrio donostiarra de Intxaurrondo de «familias monoparentales con hijos menores al final de sus contratos de cinco años improrrogables».

García ha estado acompañada en esta comparecencia por cuatro mujeres «en riesgo inminente de desalojo», con hijos a su cargo y una de ellas afectada por una discapacidad, a las que han respaldado con su presencia distintos representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Donostia, entre otras personas.

Durante su intervención, Rosa García ha demandado que en los trámites de acceso a las viviendas sociales se apliquen «baremos sociales» que primen «a las unidades familiares con más hijos, sobre todo menores de edad, y con rentas comprendidas entre los 3.000 y los 16.000 euros», como es el caso de estas cuatro afectadas.

«O se les prorroga el contrato o se les proporciona un alquiler social», ha recalcado la activista, para reclamar a continuación a las instituciones que adopten «medidas arriesgadas y valientes» al problema de la especulación en los alquileres para solucionar este problema, como por ejemplo «establecer un canon de penalización a las viviendas vacías».

Ha explicado en este sentido que las «unidades monoparentales con hijos a su cargo» y las «personas discapacitadas con movilidad reducida» que viven en los citados «alojamientos residenciales para jóvenes» de Intxaurrondo «no tienen garantizada una vivienda social» al finalizar el plazo de concesión de cinco años.

Una situación que, según ha denunciado, está propiciada por su «imposibilidad de acceder a un alquiler privado por sus precios especulativas».

Ha avanzado además su intención de presentar un escrito ante la delegación del departamento de Vivienda del Gobierno de Lakua para reclamar que garantice a las cuatro afectadas «una vivienda de alquiler social acorde a sus necesidades» o que «se les prorrogue sus contratos el tiempo necesario hasta que puedan acceder a ella».

En otro momento de la comparecencia, la miembro de Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de Donostia que aplique «un baremo social» a la lista de inscripciones para las 162 viviendas sociales del barrio de Txomin Enea.