La familia de Francisco Franco reclama ahora al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que rinda honores militares y cubra su féretro con una bandera española durante el traslado y posterior inhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos.

Así consta en un escrito que el lunes envió el abogado de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, al Consejo de Ministros, en el que solicita, asimismo, para sus representados el título funerario sobre el panteón en que se inhumará al dictador y donde reposan ya los restos de su mujer, Carmen Polo.

El título funerario es el documento que acredita la adquisición del derecho de uso de una unidad de enterramiento y ha de presentarse para solicitar servicios de inhumación, exhumación y traslado de cadáveres y restos.

La titularidad de los derechos funerarios en relación con el panteón donde se enterrará al dictador era de Patrimonio Nacional hasta mayo pasado, cuando, a instancias del organismo que se encarga de los bienes destinados primordialmente al uso de la Familia Real español, se desafectó de Patrimonio Nacional y quedó integrado en el patrimonio de la Administración General del Estado.

Con respecto a los honores militares, el Gobierno los ha rechazado en reiteradas ocasiones. Esta misma tarde, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, negaba en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que vaya a haber «nada de eso».

Calvo ha argumentado que «una democracia» no puede rendir «ningún tipo de honores ni reconocimiento» al dictador, al que precisamente se saca del Valle de los Caídos para que su figura no está enaltecida en un monumento junto a las víctimas que él provocó.

La exhumación, la semana que viene

Calvo, que ha confirmado que la exhumación tendrá lugar «los primeros días de la semana que viene» –según fuentes del Gobierno, el 21 o 22 son las fechas probables–, ha explicado que toda la operación se llevará a cabo sin "«ninguna intención de escarnio» por parte del Ejecutivo, que garantizará que todo se haga con el respeto a los restos del dictador y a sus familiares, el que Franco y su régimen no tuvieron con sus víctimas, miles de ellas todavía en fosas comunes y cunetas.

Desde el Ejecutivo también se subraya que la exhumación de Franco es una decisión del Gobierno, avalada por el Tribunal Supremo, y que por tanto es el Ejecutivo el que fija las condiciones en que se llevará a cabo, sin que la familia pueda establecer sus exigencias.

A lo que sí ha accedido el Gobierno es a que se pueda celebrar una misa «breve e íntima» en el momento de la inhumación, si bien la familia reclama también en su escrito un oficio religioso en la Basílica del Valle de los Caídos, y solicita que las dos ceremonias las oficie el prior de la abadía que custodia la Basílica del Valle, Santiago Cantera.