Según informa la citada asociación, la citada querella también se dirige contra  Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria de Interior; José Rafael Rojas Juárez, subdirector deneral de Asociaciones, Archivo y Documentación del Ministerio del Interior, así como contra todas aquellas personas que hayan tenido intervención en los hechos descritos en la querella.

Recuerda que el artículo 413 del Código Penal antes comentado establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».

La querella se refiere al Informe policial sobre los sucesos Sanfermines de 1978, cuya elaboración fue reclamada por el Pleno del Congreso de Diputados español (sesión del 11 de julio de 1978) y elaborado a instancias del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.

El mismo contiene a su vez otros tres diferentes informes realizados por el general subinspector de la Policía, Dionisio Bartrech -11 de julio de 1978-, el gobernador civil de Nafarroa, Ignacio Llano -12 de julio-, y el subdirector general de la Policía, José Sáinz, de 14 de julio. Dicho informe fue debatido en la Comisión de Interior el Congreso de los Diputados en fecha de 19 de julio de 1978 (Diario de Sesiones nº 11, sesión nº 9, de 1978).

El citado triple informe fue requerido como prueba por la acusación particular dentro del sumario 82/80 abierto en relación con la muerte de Germán Rodríguez. Admitida la citada prueba por la Sala de la Audiencia Provincial, fue reclamada por ésta en distintas ocasiones, directamente y a través del Tribunal Supremo español, sin que nunca fuera remitida al Juzgado. La citada prueba, de haber sido aportada, habría tenido sin duda alguna una influencia evidente en el proceso abierto.

En fechas recientes. el 20 de diciembre de 2017, distintos diputados del Congreso solicitaron del Ministerio español del Interior, entonces dirigido por Ignacio Zoido, la aportación del citado informe. La respuesta, de fecha 14 de mayo de 2018, afirmaba que «no hay en los registros constancia del informe requerido».

Dicha petición fue reiterada el 27 de junio de 2018 por distintos diputados (el Ministerio está entonces dirigido por Fernando Grande Marlaska), recibiéndose en fecha de 27 de julio de 2018, idéntica respuesta: «No hay en los registros constancia del informe requerido».

A juicio de la asociación Sanfermines-78: gogoan!, los hechos relatados «muestran una clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de Sanfermines de 1978 y, en particular, la comisión del delito de inutilización u ocultación de documentos al que se refiere el artículo 413 del Código Penal».