Así lo ha indicado en respuesta a una interpelación del PSN en el pleno parlamentario, donde ha reconocido que «el fraude fiscal es injusticia fiscal y social» y para combatirlo el Gobierno ya cuenta con «tres cuestiones básicas», la primera de ellas la «voluntad política».

Los medios humanos, materiales y técnicos son el segundo de los pilares, sobre el que ya prevén actuar con la convocatoria de 25 nuevas plazas este año, ha dicho Saiz, quien ha zanjado que otras de las bases en la lucha son «ejemplaridad, calidad democrática, calidad de las instituciones y pedagogía fiscal».

En cuanto a las medidas ya puestas en marcha orientadas a la lucha contra el fraude fiscal y tributario, las ha dividido en tres áreas, las de la obtención de información, acciones preventivas y acciones de regularización, y ha enumerado que uno de los pilares son las medidas de educación cívico-tributaria, con el traslado a las aulas de la «importancia de los impuestos para nuestro estado de bienestar».

También ha enumerado otras medidas previstas, tanto técnicas como la ampliación de medios de pago de impuestos la mejora tecnológica de auditorías informáticas, como materiales, con el refuerzo del personal del departamento, o la especialización del mismo, especialmente en fiscalidad internacional.

En su turno, la interpelante, Ainhoa Unzu, PSN, ha alertado de que la economía sumergida en Nafarroa supone el 10,4 % del PIB, de forma que en ocho años en el herrialde se han dejado de recaudar casi 6.000 millones de euros derivados del fraude, «aproximadamente unos 640 millones de euros cada año», y supone que cada navarro ha pagado unos 848 euros más al año en contribución a las arcas públicas derivadas de lo que dejan de recaudarse.

En el turno de los grupos, María Jesús Valdemoros, Navarra Suma, ha reconocido el «acuerdo de todos en esta materia», en la que ha animado a «dejar de buscar protagonismo político», al tiempo que ha alertado de que el 70 % del fraude en el Estado procede de las grandes fortunas y empresas.

Todos los grupos han coincidido en apoyar los esfuerzos públicos contra el fraude, con datos extraídos de un estudio elaborado por la UPNA, los ya avanzados por la socialista Unzu, al tiempo que han alertado de que a ello contribuyen fondos ya no defraudados sino directamente generados de forma ilícita, como los procedentes de la prostitución, el juego ilegal o el narcotráfico.