Sánchez habla tímidamente de impugnar en el TC el acuerdo pro-ilegalizaciones de Madrid

El acuerdo aprobado por la Asamblea de Madrid en favor de la ilegalización de los partidos independentistas ha revelado dónde está toda la derecha española. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha hablado esta mañana tímidamente de que cabe impugnarlo ante el Constitucional, como se hace habitualmente con declaraciones del Parlament.

NAIZ|2019/11/08
Abascal
Abascal, satisfecho en un mitin de campaña de Vox en Santander. (Ander GILLENEA | AFP)

El jefe del Ejecutivo español en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha alertado este viernes de que supone una «deriva bien peligrosa» la proposición no de ley aprobada por PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid que pide ilegalizar a los partidos independentistas que «atenten contra la unidad de España».

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha admitido que el Gobierno estudiará si cabe impugnar ante el Tribunal Constitucional esa resolución, como el Ejecutivo ha hecho recientemente con algunas del Parlament catalán.

«Los Parlamentos autonómicos tienen autonomía para plantear determinadas cuestiones pero sin exceder el reparto de competencias», ha argumentado.

También los CRD en el acuerdo de Madrid

El final de campaña se ha visto caracterizado por el auge de las posiciones de Vox, que ha logrado un gran tanto con este acuerdo del jueves en la Asamblea de Madrid (al que se han sumado PP y Cs) que insta al Gobierno español a ilegalizar a «los partidos independentistas que atentan contra la unidad de España». También emplaza al Gobierno de Madrid a que pida a la ONU que incluya a los CDR «en la lista de organizaciones criminales y terroristas».

Pese a las críticas que ha recibido Vox durante el debate de esta iniciativa, PP y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se han mostrado en contra.

El texto de la proposición no de ley pide que el Gobierno español proceda a la «ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España», un punto que ha provocado las críticas del resto de los grupos porque el Ejecutivo no tiene competencias para ello.

También solicita que el Gobierno de Madrid inste a la UE a que inscriba a los CDR en la «lista de organizaciones criminales y terroristas», y se proceda «de inmediato» a suspender cualquier pago o subvención que pudieran estar percibiendo, así como cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma.