Los estudiantes ahogados por los créditos se ponen al frente de las protestas contra Piñera

Los estudiantes universitarios ahogados por las deudas, bregados en la lucha por sus derechos, como lo demostraron en 2011, se han puesto al frente de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera. El estallido social cumple tres semanas sin que las autoridades atiendan las demandas de la ciudadanía.

NAIZ|2019/11/09
Chile
Decenas de miles de personas volvieron a manifestarse ayer en Santiago de Chile. (Martín BERNETTI/AFP)

Estudiar en Chile es caro, incluso en los centros públicos, que deben autofinanciarse. Por eso, centenares de miles de estudiantes se ven obligados a pedir un crédito para estudiar y se ven ahogados por deudas equivalentes, incluso, a una hipoteca, para poder cursar estudios superiores. Muchos de ellos se han puesto a la vanguardia de las multitudinarias protestas contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, iniciadas el 18 de octubre.

«La educación en Chile fue dejada a manos de los bancos, ocasionando que se haya matado financieramente a toda una generación de jóvenes, que hoy en día tenemos deudas de miles de euros a las espaldas», lamenta Juan Pablo Rojas, portavoz de Deuda Educativa, una organización que presiona para el cambio de las políticas educativas.

«Es una condena, porque salimos al campo laboral a buscar trabajo ya con un crédito millonario que pagar. La problemática afecta a dos millones de jóvenes», añade.

Estudiar en Chile es caro, incluso en los centros públicos, que deben autofinanciarse. Cursar Biología en una universidad pública cuesta, por ejemplo, unos 23.000 euros. Un grado de magisterio en Educación Infantil, unos 22.000 euros al cambio. Otra carrera, Odontología, 46.000 euros, o hasta 57.000 euros si se cursa en un centro privado, según un estudio de la Fundación Sol, que analiza la educación en Chile.

Eso les obliga a pedir un crédito para poder cursar estudios superiores. «Dedico un 50% de mis ingresos para pagar la deuda. No es un gasto menor. Hay que afrontar, al mismo tiempo, pagar ese préstamo, la salud, que también está precarizada, y todo lo demás. Vivir en este país es complicado», asegura Tomás Ahumada, un joven con estudios de Arte Dramático que debe el equivalente a más de 9.000 euros en créditos de estudio.

«Hay que tratar de no enfermarse, porque una consulta te puede salir hasta por 50.000 pesos (unos 50 euros al cambio)», añade el actor. Es uno de los más de 870.000 beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), el préstamo más popular en Chile, creado durante el Gobierno de Ricardo Lagos y establecido durante la Administración de Michelle Bachelet, a partir de 2006.

Es un crédito que nació con un interés del 6%. Después de grandes protestas universitarias, se redujo esa tasa al 2%, pero las entidades financieras siguen cobrando lo mismo. El Estado chileno paga la diferencia con dinero de los contribuyentes.

Las grandes deudas afectan especialmente a personas que han cursado estudios con pocas oportunidades laborales y que pueden tardar hasta 30 años en saldarlas. No pagar la deuda universitaria supone ingresar en una lista de morosos, conocido como Dicom, que supone, según sus detractores, una muerte civil en Chile, donde la meritocracia no existe y es muy difícil encontrar un trabajo estable sin buenos contactos.

La expresidenta Michelle Bachelet permitió en 2015 que el 60% de los más pobres del país pudiera acceder a estudios universitarios. El Estado paga la factura.

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