El Estado español contraataca contra los líderes catalanes en el exilio, apoyándose en la sentencia condenatoria del Supremo contra el «procés», pero la viabilidad de este segundo intento tras el frustrado de 2017-18 sigue siendo muy dudosa. Este jueves ha pasado por el tribunal en Edimburgo la exconseller de Justicia Clara Ponsatí para que le notificara la reactivación de la euroorden por parte del juez Llarena, pero ni siquiera se le ha retirado el pasaporte como sí ocurrió la primera vez.

Se trata de una medida que se adopta habitualmente como garantía mínima, para evitar el riesgo de que la persona reclamada en cuestión pueda pasar a otro Estado. La conclusión es que los tribunales británicos confían en Ponsatí. Sobra decir que ha quedado libre, aunque desde Madrid se insistiera previamente en hipótesis como que podía ser encarcelada y en expresiones como «se ha entregado».

La petición inicial española en este segundo intento fue rechazada por los tribunales británicos indicando que era «desproporcionada» y reclamando más información, lo que originó una protesta pública desde Madrid, ante lo que se ha iniciado al menos la tramitación.

La demanda de extradición se cursa por un delito de «sedición» que en la mayoría de los estados europeos no existe como tal o se castiga con penas menores, mientras que en la sentencia del Supremo español ha dado pie a imponer hasta trece años a Oriol Junqueras en este caso (sumada a «malversación»).

La próxima sesión sobre el caso de Ponsatí ha quedado fijada para el 12 de diciembre. Decenas de personas la han respaldado en la calle.