Organizaciones y colectivos de solidaridad con Colombia, entre los que se encuentran Mugarik Gabe, Mundubat o la comisión de ayuda al refugiado CEAR, han alertado este miércoles del «recrudecimiento» de la situación en Colombia. Es una de las conclusiones que comparten después de realizar en los últimos meses misiones de verificación de la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

«El crecimiento del paramilitarismo, la aparición de nuevos grupos armados, la intensificación de la actividad del ELN y la estrategia de militarización por parte del Estado pone a las comunidades en una situación de máximo riesgo, provocando desplazamientos forzados y aislamiento de las comunidades», han señalado en una rueda de prensa ofrecida en Bilbo.

Han explicado que la violencia está unida al «control del territorio por parte de los actores armados para garantizar la explotación y extracción de la riqueza natural por parte de grandes empresas nacionales y transnacionales».

Según han destacado, de las 321 personas defensoras de derechos humanos que han muerto en acciones violentas en el mundo en 2018, 110 fueron colombianas, frente a las 69 contabilizadas en 2015, antes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Han reclamado desde Bilbo «el cese de la violencia y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, el pueblo negro y las organizaciones y colectivos sociales y populares», así como «la implementación real, efectiva e integral del Acuerdo de Paz».

La represa de Hidroituango y el miedo

Milena María Florez y Genaro de Jesús Graciano, colombianos pertenecientes a la organización Ríos Vivos, han comparecido junto a las organizaciones vascas para dar testimonio de la situación en el país y en concreto en su comunidad, afectada por la construcción de la represa de Hidroituango, la más grande que se construye en Colombia, con capital de varias entidades bancarias, entre ellas BBVA y Santander, pero también el francés BNP Paribas. Según han denunciado, BBVA es la única entidad que no ha accedido a recibirles.

Ambos están acogidos en sendos programas de protección en el Estado español, tras haber sido criminalizados por el simple hecho de defender los derechos de las personas en su comunidad frente a los intereses de las empresas que impulsan un proyecto con importantes fallas técnicas. La obra ya ha provocado «el secamiento del río» y con él la pérdida de su medio de vida para las comunidades y el entorno natural.

Han explicado que muchas de las personas afectadas se han desplazado, que la situación de «deterioro social» es evidente en la zona y que quienes aún viven allí temen una catástrofe porque existen estudios técnicos que advierten de «errores serios» en la construcción.

Tal y como han explicado, viven entre el miedo al megaproyecto y la falta de protección de un Gobierno que además les criminaliza, y que ve «desarrollo» donde sus comunidades ven desolación porque «el río está conectado al medio, a las montañas y su desaparición afecta a humanos y especies naturales», tal y como ha destacado Milena María Florez.