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BILBO

La Autoridad de la Competencia ve discriminatorio obligar a los VTC a contratar con antelación

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) considera «discriminatorio» y una medida «restrictiva» establecer la obligatoriedad de que los servicios de los vehículos con conductor (VTC) tengan que ser contratados con al menos treinta minutos de antelación.

Protesta de los taxistas de Bilbo contra los vehículos VTC. (Marisol RAMIREZ/FOKU)
Protesta de los taxistas de Bilbo contra los vehículos VTC. (Marisol RAMIREZ/FOKU)

La AVC ha elaborado un informe para analizar si el proyecto de decreto del Gobierno de Lakua de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor en la CAV «introduce restricciones a la competencia», sin entrar a valorar las «problemáticas fiscales y laborales que pueda generar la utilización de plataformas digitales».

El informe se centra principalmente en la obligación de que haya una antelación mínima de treinta minutos a la prestación del servicio, en que los VTC no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes y en que no podrán visibilizar su disponibilidad sin la contratación previa.

A juicio de la AVC, en el proyecto de decreto no queda acreditado «de ninguna manera» que las medidas establecidas se orienten al objetivo establecido por el real decreto ley de 2018 de que las regulaciones de las comunidades autonómicas solo deben pretender la mejora de la movilidad interior de los viajeros o garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios.

Competencia considera que incluir la restricción de los treinta minutos supone «impedir a los operadores que sean más eficientes» y va «en contra de los intereses de los usuarios» que valoran «la inmediatez y eficacia del servicio», así como la seguridad que aporta cerrar un precio de antemano.

«La imposibilidad de prestar el servicio hasta pasados 30 minutos de la contratación y cumplimentación del contrato imposibilita a los VTC ofrecer un servicio eficaz y competir efectivamente en el mercado, lo que podría provocar la expulsión de operadores» del mismo, añade el informe.

A su juicio, esto resultaría «perjudicial para el usuario de esta modalidad de transporte», ya que la disminución de operadores provocaría «mayores precios y tiempos de espera».

Insiste la Autoridad Vasca de la Competencia que un plazo mínimo para la precontratación, independientemente de su duración, «no se encuentra justificado por ninguna razón de interés general, perjudica al usuario y limita la competencia en el mercado».

Tras afirmar que «cualquier tiempo mínimo es desproporcionado, independientemente de su duración», la AVC recuerda que la «evidencia empírica», ha demostrado que el establecimiento de un plazo mínimo de precontratación ha supuesto la salida del mercado de los operadores VTC, como sucedió con la aprobación del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona.

También considera «discriminatoria» e «injustificada» la prohibición a los VTC de visibilizar su disponibilidad cuando estén estacionados en la vía pública, ya que reduce su capacidad de competir en el mercado.

La prohibición de geolocalización de los VTC es otra medida «restrictiva de la competencia», según la AVC, que «perjudica gravemente a los usuarios debido a que se les restringe de manera injustificada el acceso a una información que les permitiría elegir al prestador del servicio en función de sus preferencias».

Por todo ello, la AVC pide una «revisión integral» de la normativa reguladora de la actividad de transporte de viajeros en turismos, tanto en lo referente a los VTC como a los taxis y, en concreto, la eliminación de las «restricciones no justificadas» contenidas en este proyecto de decreto.

Primeras reacciones

Fuentes del Gobierno autonómico han explicado a Efe que su intención es que antes de que finalice el año se apruebe en Consejo el decreto, tal y como está redactado, y han recordado que cuenta con el «aval» tanto del sector del taxi como de las empresas VTC en en la CAV, una situación «insólita» en el Estado. 

Por su parte, la Federación Vasca del Taxi ha considerado «perjudicial para los usuarios» el citado informe. Su presidente, Iñaki Pardo, ha recordado que la regulación se hizo para proteger los derechos de los usuarios y ha criticado que «la AVC vuelve a demostrar que tiene al sector del taxi en su punto de mira» para favorecer «su liberalización total».

El concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbo, Alfonso Gil, ha mostrado su «respeto» al informe y ha señalado que «nuestro criterio a la hora de elaborar ese decreto con el Gobierno fue el que está expresado en el decreto, que esperamos se apruebe cuanto antes» y ha indicado que «hay mecanismos de defensa por su alguien cree que se lesionan sus intereses».

Gil ha considerado que el proyecto de decreto elaborado por Lakua «hace compatibles los servicios» de los VTC y el servicio del taxi, y este último «solo lo puede hacer el taxi de Bilbao», por lo que «todo aquel que esté en una parada de taxi y no sea taxi no puede operar y será advertido y sancionado».