Lakua y Madrid se dan seis meses para negociar el «155 digital»

Los gobiernos de Lakua y el español han acordado negociar durante seis meses el decreto ley 14/2019 conocido como «155 digital» para evitar la vulneración del Estatuto de Gernika. Esta negociación paraliza, durante medio año, la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional que el Parlamento de Gasteiz aprobó el viernes.

NAIZ|GASTEIZ|2020/01/21
Erkoreka
Josu Erkoreka ha anunciado el acuerdo tras el Consejo de Gobierno. (IREKIA)

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que Lakua y Madrid van a abrir un periodo de negociación bilateral de 6 meses para dirimir las diferencias en torno al Real Decreto Ley 14/2019, concido como «155 digital». Antes del próximo 5 de febrero, él mismo, como Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y la Ministra de Política Territorial, Carolina Darias, comunicarán en un escrito conjunto al Tribunal Constitucional la apertura del proceso negociación de las discrepancias en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Esta negociación bilateral paraliza, durante medio año, la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional para acordar su interpretación y aplicación. Cabe recordar que el Parlamento de Gasteiz instó el viernes a Lakua a presentar ese recurso.

Según ha explicado Erkoreka, esta negociación es parte del acuerdo de investidura firmado por PSOE y PNV que establece que ambos gobiernos trabajarán para sustituir la litigiosidad de las discrepancias por el acuerdo político.

El Gobierno de Lakua considera que el Real Decreto Ley 14/2019, «bajo pretexto de garantizar la seguridad pública, instaura un sistema control desmedido y jerárquico en un Estado descentralizado, que vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de Euskadi».

Además de la invasión de competencias y paso hacia la recentralización, el Ejecutivo de Lakua ve que «hay una falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones. Hay previstas medidas innecesarias y excesivas, cautelarísimas, que no se adecúan al fin propuesto».

El Gobierno autonómico cree que esta norma afecta de una manera grave y restrictiva a los derechos y libertades fundamentales de los artículos 18 y 20 de la Constitución española ya que el Gobierno español extiende sus efectos a los contenidos que se transmiten y, con ello, a la libertad de expresión.  

FInalmente, entiende que «no hay razones que justifiquen la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que han llevado a una tramitación tan urgente de esta ley».

 

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