La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha ordenado a Myanmar que «adopte todas las medidas que estén en su poder» para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría musulmana rohinghya.

La CIJ se ha pronunciado así tras la denuncia presentada por la africana Gambia, que acusa al Gobierno birmano, que dirige actualmente la otrora activista opositora Aung San Suu Kyi, de haber violador la Convención de Naciones Unidas para la prevención y la represión del crimen de genocidio.

La CIJ, la más alta instancia judicial de la ONU, ha avalado la denuncia del país africano y ha instado al Gobierno birmano a que le entregue en un plazo máximo de cuatro meses un informe con las medidas tomadas para ejecutar su sentencia, y que actualice el informe cada medio año.

El pasado diciembre, durante la vista preliminar, fue precisamente la propia Suu Kyi la encargada de defender la posición del Gobierno. La líder birmana ha sido duramente criticada por la campaña de sangrienta represión con que el Ejército birmano respondió en el verano de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohinghyas en el estado de Rajine. Como resultado de la misma, más de 700.000 de ellos huyeron y se refugiaron en el vecino Bangladesh.

La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión un año después de que el Ejército birmano tuvo una «intención genocida».

Determinación de Gambia

Gambia, con su ministro de Justicia, Aboubacarr Tambadou, a la cabeza, presentó en noviembre un recurso ante la CIJ denunciando a Myanmar por incumplir la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica y de la que el país asiático es parte desde 1956.

El recurso, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio en el país africano, contó con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

Es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio.