El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar el recurso presentado por el Ejecutivo navarro en relación a la anulación de 108 plazas de profesor en euskara, medida que fue adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, según publica ‘Diario de Navarra’.

El origen del litigio está en un recurso presentado por el sindicato AFAPNA al considerar que esa plazas no se correspondían con la plantilla orgánica del Departamento de Educación, es decir, que no se estaban previstas con esa especificación de idioma en la citada plantilla. El TSJN le dio la razón, aunque el sindicato anunció que no pediría la ejecución de la sentencia.

El contencioso siguió su curso ya que el Gobierno de Nafarroa recurrió hasta que se ha llegado a un punto en el que, tras rechazar sus recursos, el Supremo ha confirmado esa anulación. La única opción que le queda al Ejecutivo ahora es recurrir al Tribunal Constitucional.

En principio, ante este fallo cabrían dos opciones: que los funcionarios que obtuvieron la plaza pasaran a ser interinos o que el Gobierno navarro solicite el Ministerio que le permita duplicar esas plazas para poder volver a convocarlas.

Buscar una solución

Aunque se ha llegado a comentar que existiría un plazo de diez días para cumplir la resolución del Supremo, el vicepresidente del Gobierno navarro, Javier Remírez, ha puntualizado ante los medios de comunicación que «no existe una ejecución inmediata, tal y como se ha llegado a señalar. El Supremo tiene que trasladar todo el expediente al TSJN y este nos lo remitirá a las partes implicadas, por lo que pasará un tiempo». Ha añadido que «a partir de la recepción del expediente hay dos meses para valorar el escenario».

Mientras llega el expediente, Remírez ha asegurado que el Gobierno «está trabajando en una solución lo menos lesiva para todas las partes o que satisfaga a las partes por una cuestión que viene del Gobierno anterior y por una demanda sindical». En todo caso, ha avanzado que «la solución tratará de equilibrar los intereses de todas las partes y cumpliendo con la legalidad».

Remírez no ha profundizado más en la cuestión y ha añadido que una vez recibido el expediente completo, «lo estudiaremos para transmitir en este caso certidumbres a las partes afectadas».