Para la plataforma este convenio, firmado por la Comunidad Foral de Navarra, el Arzobispado de Iruñea y Tutera, y las fundaciones bancarias La Caixa y Caja Navarra, «ignora» la resolución aprobada por el Parlamento foral en 2016 que insta al Gobierno a que las subvenciones para la conservación de los bienes de la iglesia sean valoradas en función de los intereses de los pueblos afectados, la recuperación de los bienes inmatriculados y la seguridad para el patrimonio común.
Y al respecto recuerda que la catedral fue inmatriculada en 2007, en un procedimiento «ilegítimo e inconstitucional de apropiación, realizado al amparo de normas franquistas».
Añade además que mientras no se recuperen los bienes inmatriculados, se corre «el riesgo de que su rehabilitación quede hipotecada a las condiciones de visita que establezca la Iglesia católica, como está ocurriendo en la mayoría de estos bienes y de manera insultante en Santa María la Real de Ujué».
Critica por ello que no haya un control de «los negocios» ni referencia a las condiciones del acceso al claustro, y adelanta que el dinero que la iglesia obtenga por las visitas, que según dice deberán pagar 5 euros, «no sólo no tributarán sino que ni siquiera serán declarados, convirtiéndose así en dinero negro».