Representantes de la plataforma por la libertad de Txus Martin, de Sare y de Etxerat, junto a otras personas que participan de la dinámica Ni Zu Bi, han comparecido este jueves en la capital vizcaina para convocar esta segunda movilización que tiene a los puentes de San Anton, La Merced, Arenal, Ayuntamiento, Zubi Zuri, Pedro Arrupe y Deustu como protagonistas.

Tendrá lugar el jueves 19 de marzo, al mediodía, con concentraciones en esos siete puntos para marchar, a partir de las 12.30, desde Deustu y San Anton hacia el Ayuntamiento, recorrer la calle Buenos Aires y plaza Circular para finalizar frente al Arriaga.

En rueda de prensa, han advertido de la grave situación de los presos gravemente enfermos, cuya lista se incrementa cada día. «Han sido varios los que o bien han muerto en sus celdas, o bien han sido puestos en libertad, para morir en sus casas», han recordado.

Han asegurado que «el cumplimiento de la legislación penitenciaria no puede entenderse como una claudicación del Estado. Poner en libertad a los presos gravemente enfermos –han enfatizado– no es claudicar. Es cumplir la legislación interna y europea».

Ajustado a la ley

Desde la dinámica Ni Zu Bi han expuesto que a esas personas les asiste el derecho a ser puestas en libertad, pero han lamentado que la Administración Penitenciaria esté aplicando el artículo 91 del Código Penal cuando la situación de esos presos es terminal. «Esta interpretación olvida que las personas en prisión tienen también derecho a la vida», han lamentado, citando el caso de José Ángel Otxoa de Eribe que falleció tres meses después de haber sido liberado.

Han reclamado que se aplique lo recogido de la legislación para los presos enfermos muy graves, con padecimientos incurables, a los que entienden se les debería clasificar en tercer grado, «por razones humanitarias y de dignidad personal». Los convocantes han insistido en que el régimen de excepcionalidad que se les aplica en la actualidad los deja fuera del amparo de la propia legislación.

«El derecho a la salud es un derecho fundamental, pero es, también, un derecho universal, que debe ser respetado para todas las personas, estén presas o en libertad. Y este derecho a la salud es hoy incompatible con la cárcel», han manifestado, añadiendo que «no existe ley, ni reglamento, ni norma alguna, que indique que cualquier persona, por el hecho de estar privada de su libertad, debe ser, también, privada de su derecho a la salud y a un trato digno».