El Boletín Oficial del Estado recoge hoy que «los centros residenciales deberán mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que conlleve el cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la autoridad competente de la comunidad autónoma determine que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible».

Además establece que «el titular de los centros garantizará la puesta a disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente, sobre las características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo. Esta información se facilitará con la periodicidad y a través del medio que indique la autoridad competente».

El BOE habilita a las comunidades autónomas «a intervenir los centros residenciales. Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado y a establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes».

Los centros residenciales quedan sujetos además a la inspección de los servicios sanitarios de cada comunidad y les insta a comunicar las «situaciones excepcionales» que sufran, como la «ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole, como la imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres».

Estas medidas anunciadas hoy se han tomado después de que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, confirmara que los militares que habían acudido a residencias encontraron cadáveres en habitaciones y que habían visto ancianos abandonados. La Fiscalía General del Estado comunicó inmediatamente que investigará estos hallazgos.

Aunque no hay una cifra exacta, la cantidad de fallecimientos y de contagios en las residencias de ancianos es muy alta porque además de ser las personas más vulnerables, comparten lugares comunes y los trabajadores que les atienden no tienen las medidas de protección necesarias y también se contagian. Así se extiende el virus entre los ancianos a los que atienden y muchos trabajadores tienen que dejar sus tareas al dar positivo o estar en cuarentena. Eso reduce el personal para atenderlos sin que puedan ser sustituidos.

Por ejemplo, la Generalitat comunicó ayer 212 positivos por coronavirus en 70 residencias públicas y privadas de ancianos de Catalunya, donde hay 64.093 personas mayores repartidas en 1.073, mientras que esa cifra aumenta hasta los 500.000 en residencias de todo el Estado.

En Euskal Herria la pasada semana se registró el fallecimiento por coronavirus de ocho ancianos de una residencia del barrio de San Martín de Gasteiz. También se han confirmado positivos en Gipuzkoa y Bizkaia, donde ayer se comunicó que 52 trabajadores de residencias forales han sido puestos en aislamiento sin confirmación de Covid-19 y 12 han dado positivo. Hoy mismo se ha conocido un caso en la Casa de Misericordia de Iruñea, además de la sospecha de contagio en otras 71 personas.

El domingo se comunicó que en Bizkaia, donde hay 10.748 plazas para ancianos, había ocho afectados y otros 25 hospitalizados con positivo confirmado. También ayer la Diputación de Gipuzkoa confirmó que son 28 las personas afectadas por el virus en residencias de su territorio, 14 en Caser Residencial Anaka (Irun), 10 en lIurramendi (Tolosa), tres en Caser Residencial Betharram (Hondarribia) y una en Egogain (Eibar). También en Nafarroa se han conocidos positivos de residentes.

Ante el riesgo que se corren en estas instalaciones, los bomberos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa realizaron ayer tareas de desinfección en las residencias de ancianos de estos tres territorios.