La propuesta de los grupos independentistas supone modificar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para que este organismo realice «la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica-financiera de la Casa Real».

Entre los aspectos a fiscalizar se incluirían «las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de apoyo a la Jefatura del Estado», así como «la situación y las variaciones de patrimonio de la Familia Real».

En la modificación que proponen EH Bildu y ERC se establece que «la Casa Real está obligada a otorgar toda la información que el Tribunal de Cuentas considere pertinente para el desarrollo efectivo de su labor fiscalizadora».

Ambos grupos alegan que la familia y la Casa Real «tienen la obligación moral de dar cuenta a la ciudadanía de cómo es usado el dinero público, ya que la cantidad recibida no es un simple salario para su supervivencia».

Además, consideran que «el Parlamento español debe eliminar la opacidad que envuelve los presupuestos» de la Casa Real, para que la ciudadanía «no tenga ningún tipo de dudas sobre la gestión responsable y ética del dinero público».

En este sentido, ERC y Bildu entienden que el dinero distribuido por las Cortes Generales, mediante la ley anual de Presupuestos Generales del Estado, «debe ser controlado por las propias Cortes Generales, mediante los oportunos informes recibidos del Tribunal de Cuentas al respecto».