El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aplazado sin fecha el juicio contra los que fueron miembros de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell, acusados de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes sobre el referéndum de autodeterminación y las «leyes de desconexión».

En una providencia, el tribunal ha decidido posponer el juicio, señalado para los días 23, 24 y 28 de abril, debido a «la excepcionalidad del momento y las incertidumbres» que pueden alargarse durante todo el mes tras la prorrogación del estado de alarma y las consecuentes limitaciones de movimiento decretadas.

La Sala de lo Civil y Penal ha dejado de este modo sin efecto el proceso contra los exmiembros de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, de JxSí, así como el de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, y ha acordado definir una nueva fecha «una vez alzadas las limitaciones del estado de alarma».

Se trata de la segunda vez que el TSJC se ve obligado a suspender esta vista oral, en la que se juzga a los entonces miembros de la Mesa por permitir que la cámara aprobara las llamadas «leyes de desconexión», después de que la elección de Joan Josep Nuet como diputado de ERC en el Congreso el 10N forzara la cancelación del juicio, inicialmente previsto para el pasado noviembre.

La causa contra los cinco políticos de la Mesa del Parlament acusados de desobediencia se abrió a raíz de varias querellas de la Fiscalía, pero se separó de la que enfrentaron Forcadell y el resto de líderes independentistas el pasado año después de que el Supremo decidiera desgajarla y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.

Referéndum

En el caso de los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la ex secretaria primera Anna Isabel Simó, y la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, están acusados de permitir que se debatieran en la Cámara una serie de resoluciones a favor del referéndum de autodeterminación, a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido expresamente que tenían la obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Por ese motivo, tras la declaración de independencia del 27S, los exmiembros de la Mesa declararon ante el Supremo en calidad de investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Fueron citados por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo por haber presentado, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal para el caso de que el «sí» a la independencia ganara el referéndum.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.