Sanidad y RGI concentran la mitad de las quejas tramitadas por el Ararteko en 2019

Según el informe remitido al Parlamento de Gasteiz, el año pasado el defensor del pueblo inició 30 actuaciones de oficio, dictó 1.519 resoluciones y recibió 7.751 quejas y consultas.

NAIZ|2020/04/01
Ararteko
El Ararteko, Manuel Lezertua, en el acto de celebración del 30 aniversario de la institución el pasado diciembre. (Juanan RUIZ/FOKU)

El funcionamiento de la sanidad y la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) acapararon el año pasado casi la mitad de los expedientes de queja tramitados por el Ararteko.

Según el informe que la Defensoría del Pueblo Vasco ha remitido al Parlamento autonómico, en 2019 el Ararteko inició 30 actuaciones de oficio, dictó 1.519 resoluciones y recibió 7.751 quejas y consultas (no todas fueron admitidas), de las cuales se resolvieron 2.081 expedientes.

Del total de actuaciones analizadas por el Ararteko, el 49 % fueron consideradas incorrectas, un porcentaje inferior al de 2018, que alcanzaba el 53 %. Las administraciones afectadas han corregido la actuación que originó la reclamación en un porcentaje superior al 85 %.

El Gobierno de Lakua ha sido la administración contra la que más reclamaciones se han dirigido (891, un 53 % del total); seguido de los ayuntamientos, con 574 casos y el 35 %, y de las diputaciones con un 10 %: la de Bizkaia suscitó 170 quejas, la de Álava 58 y la de Gipuzkoa 40.

Casi un tercio de las quejas (660 y un 27,8 %) hacían referencia al sistema sanitario, principalmente a las listas de espera para ser atendido por un especialista o ser sometido a una intervención, al funcionamiento del transporte sanitario programado y a los «impedimentos administrativos» que se encuentran los extranjeros.

En todo caso, matiza el informe, el incremento de quejas en este ámbito se debió a las referidas al cierre del módulo de asistencia sicosocial de Cruces, por el que protestaron 484 personas.

Las quejas relacionadas con la inclusión social fueron 468, el 19,7 % del total. Casi 1 de cada 10 se referían al «mal funcionamiento de Lanbide» en su gestión de la RGI y la PCV. El Arateko destaca, sin embargo, que las quejas sobre estas prestaciones han bajado un 39,7 % al pasar de 687 a 414 expedientes, lo que «confirma la línea descendente respecto a otros años».

Falta de vivienda digna

Vivienda ha sido el objeto de 123 quejas (5,1 % del total) debido principalmente a los problemas para acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible, y a las quejas por haber sido dado de baja en Etxebide. El Ararteko ha pedido ampliar el parque de viviendas públicas en alquiler para «responder adecuadamente» al derecho subjetivo recogido en la ley vasca.

En cuanto a Educación, los 120 expedientes representan el 5 % del total. En este apartado se ha recibido «un gran número de quejas de familias que han estado seriamente preocupadas por las graves consecuencias que se podían seguir para sus hijos» la huelga en la enseñanza concertada de iniciativa social.

También se han recogido quejas sobre las dificultades para matricular a los niños en el modelo A y sobre los problemas de segregación en determinados centros.

La situación de los empleados públicos -especialmente su »elevada temporalidad»- ha motivado 113 quejas. El defensor del pueblo alerta de que esta interinidad afecta a las condiciones de estos trabajadores y también a «la calidad del servicio público» a la ciudadanía.

En Medio Ambiente, la mayor parte de los 99 expedientes se refieren al ruido causado por el ocio y la hostelería o las actividades industriales. El motivo de queja más habitual es la ausencia de una respuesta «eficaz» por parte de los ayuntamientos ante estas situaciones, que «van desde lo molesto hasta lo severamente peligroso».

El capítulo de Hacienda ha motivado 101 expedientes (4,2 % del total) referidos sobre todo a tasas locales como el IBI, aunque el año pasado crecieron las quejas relativas al IRPF con motivo de la devolución de las retenciones a las prestaciones por maternidad y paternidad.

En Seguridad las quejas (93) se refieren sobre todo al uso de la fuerza, el incumplimiento del código deontológico en lo relativo al abuso de poder, los registros corporales en la vía pública y el derecho a la libertad de información.

 

 

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