Liderados por Texas, los Estados del sur y del centro de EEUU, unidos bajo el sobrenombre de «Bible Belt» (Cinturón bíblico) han incluido las interrupciones voluntarias del embarazo en la lista de intervenciones médicas «no urgentes» y, por tanto, prohibidas mientras dure la pandemia del Covid-19.

Las organizaciones de defensa del derecho al aborto han recurrido en urgencia la instrumentalización de la crisis sanitaria con fines «ideológicos» y han pedido a los tribunales que las clínicas que practican estos tratamientos sigan abiertas.

Tres de ellos les dieron la razón el lunes, bloqueando las decisiones de Texas, Ohio y Alabama, recordando que el Tribunal Supremo reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a abortar. Uno de los fallos argumenta que la más alta instancia judicial de EEUU nunca mencionó ninguna claúsula suspensiva en caso de urgencia sanitaria.

Pero, el martes, una corte de apelación derogó provisionalmente el fallo en Texas dándose tiempo para examinar las alegaciones de las partes y permitiendo la prohibición temporal del aborto, para alegría del fiscal general tejano, Ken Paxton.

Riesgos colaterales

En EEUU –primer país en número de casos y tercero en cifra de fallecidos–, como en otros, las intervenciones no vitales (implantes de prótesis o para corregir la vista, por ejemplo), han sido postergadas para dejar el máximo posible de camas para los enfermos de coronavirus y para reservar los equipos de protección al personal sanitario que les está tratando.

Instituciones concernidas como el Colegio Americano de Obstectricia y Ginecología han alertado de las consecuencias para las mujeres de suspender esas interrupciones. Skye Perryman, una de sus portavoces, ha recordado que «no poder abortar puede tener un impacto profundo en su vida, en su salud y en su bienestar».

Por si esto fuera poco, mujeres embarazadas privadas del derecho a abortar «van a viajar a otros estados, con el riesgo de expomnerse o de propagar la pandemia», alerta Alexis McGill Johnson, de la organización de defensa del derecho a abortar Planned Parenthood.

«Todas y todos sabemos que los embarazos no se detienen a causa de la crisis sanitaria», ha recordado Jennifer Dalven, de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU.

Fallo de 1973, a examen

El Supremo analiza desde marzo una ley promulgada por Louisiana que podría suponer el cierre de dos de las tres clínicas que practican abortos en ese Estado. En una ley similar a la que el alto tribunal suspendió en 2016 y que había sido promulgada por Texas.

La sentencia, que se espera en junio, medirá si la Corte Suprema, profundamente renovada y sesgada hacia planteamientos conservadores desde la llegada al poder de Trump, asume sus históricos fallos, como el que el de Roe V. Wade en 1973, en el que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

200 legisladores republicanos, y dos demócratas, han pedido al Supremo volver a la situación anterior, cuando cada uno de los 50 Estados era libre para prohibir el aborto.

Louisiana promulgó en 2014 una ley que obliga a los médicos que practican abortos a obtener un permiso para ejercer en un hospital situado a menos de 50 kilómetros del lugar de la intervención.

Alabama trató de prohibir sin éxito hace un año el aborto incluso en caso de violación o incesto. Los estados del «Bible Belt» han logrado que algunas clínicas cierren imponiéndoles un ancho inasumible en los pasillos que llevan a los quirófanos.