«La urgencia absoluta es proteger a los trabajadores», espetan los sindicatos al Gobierno de Macron

La intersindical que, en ausencia del sindicato mayoritario CFDT integra a los sindicatos CGT, FO, Solidaires y FSU, ha hecho público un comunicado en el que cuestiona la gestión de la crisis sanitaria por las autoridades francesas, a las que acusa de actuar tarde y de priorizar «las medidas coercitivas como la limitación de los derechos incluidos en el código laboral». A este respecto se pregunta «si el gobierno está en guerra contra el coronavirus o contra los trabajadores» y le exige que se pare toda la actividad económica no esencial.

NAIZ|2020/04/06
Jaldai-donibanelohizune
Empresas en el polígono industrial de Jaldai, en Donibane Lohizune, el pasado 23 de marzo. (Guillaume FAUVEAU)

La intersindical da una respuesta clara a quienes, en razón de la pandemia, llaman «a una unión sagrada con el Gobierno y la patronal». Así, afirma en un comunicado que los sindicatos, que estaban en pie de guerra contra el Ejecutivo de Emmanuel Macron en razón de las reformas, y en particular de la relativa al sistema de pensiones, «no van a participar en ningún dispositivo que vaya a abocar a nuevas degradaciones en materia de derechos de trabajadores, pensionistas o jóvenes».

Los sindicatos lanzan duras críticas al Gobierno de Macron por «pedir a los empleados de sectores y actividades no esenciales que vayan a trabajar y por amenazar incluso de sanción a los inspectores de trabajo que aconsejan a las empresas el cese de actividad cuando no pueden garantizar la seguridad de sus trabajadores», con lo que consideran que el Ejecutivo «favorece la propagación del virus y pone en peligro la vida de numerosas personas».

Los sindicatos creen que «la urgencia absoluta es proteger a trabajadores y a población en general» por lo que reiteran su exigencia de que «se paren todos los sectores no esenciales con el objetivo de lograr lo antes posible la ruptura de la cadena de transmisión del Covid-19».

Romper con el modelo existente

Para las centrales francesas, que consideran que en esta situación excepcional han aflorado «las consecuencias de debilitamiento programado de la industria, los servicios públicos y el Estado», la crisis sanitaria debe servir de factor detonante «para poner en marcha desde ahora mismo una política de ruptura con el modelo desarrollado en las últimas décadas y, a este respecto, nuestras organizaciones se comprometen a esa reconstrucción de la solidaridad interprofesional e intergeneracional para preparar un futuro diferente».

Ponen sobre la mesa distintas medidas de urgencia entre las que destacan «la relocalización de la producción de bienes esenciales y la requisición de aquellas fábricas susceptibles de producir materiales de protección», la congelación de «repartos de dividendos y otras actividades especulativas», particularmente cuando se trata de empresas que han beneficiado de ayudas públicas o que se han acogido a los sistemas de paro parcial.

Además, la intersindical exige que las reformas anti sociales –desempleo, función publica, pensiones– congeladas por el Gobierno de Macron en razón de la crisis sean definitivamente derogadas.

Los sindicatos alertan contra medidas adoptadas por decreto, como la extensión de la jornada laboral o la posibilidad de que los trabajadores deban coger vacaciones en el tiempo de la crisis sanitaria, y exige que, por encima de todo, «se garanticen salarios y derechos al 100%» y se adopten sanciones «contra empresas que pretendan pasar del paro parcial a los despidos».

 

 

 

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