En el auto, del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa y que puede ser recurrido, la magistrada Isabel María Olabarri destaca que, según los protocolos sanitarios, los uniformes de protección son necesarios ante «la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que se examina, circunstancia que no se ha acreditado que concurra en el presente caso».

Respecto de las mascarillas FFP2, la jueza explica que las mismas están recomendadas para el personal sanitario que pueda estar en contacto a menos de dos metros con casos en investigación o confirmados. En principio, agrega, no se ha acreditado que las circunstancias de los demandantes [vigilantes] hagan necesario el suministro de mascarillas FFP2, según los protocolos vigentes.

«Pero es que, aunque así fuera, es un hecho notorio la escasez de este tipo de mascarillas que, en caso de disponibilidad, estarían reservadas para el personal sanitario», recalca la magistrada, para quien, por tanto, «no procede imponer a la empresa una obligación de imposible cumplimiento en la actualidad».

La jueza recoge en su resolución que ha quedado acreditado que Osasunbidea ha dotado a los trabajadores de 400 mascarillas quirúrgicas. «En principio, estas mascarillas son adecuadas para la protección de los vigilantes de seguridad teniendo en cuenta los protocolos publicados por las autoridades sanitarias», indica.

La demanda fue interpuesta por el sindicato UGT contra la empresa Prosetecnisa (Protección y Seguridad Técnica, SA) el pasado día 2. En la misma, el demandante solicitaba la adopción de diversas medidas cautelares.

En principio, el demandante reclamaba a la empresa que dotara a los guardas de seguridad de mascarillas FFP2, guantes de nitrilo de un solo uso, gel hidroalcohólico y uniformes (EPIs).

En su oposición a la demanda, la empresa alegó que ya había puesto a disposición de los trabajadores todos las EPIs posibles, a los que había podido acceder en las condiciones actuales del mercado. Y añadió que no era exigible la aportación de las mascarillas FFP2, que actualmente no están disponibles para su adquisición.

La resolución judicial recoge una serie de hechos probados, entre los cuales se refleja que el 13 de marzo la empresa entregó a los trabajadores los protocolos frente a enfermedades infecciosas contagiosas, tres botes de gel desinfectante y guantes.

Días después, tanto Osasunbidea como la empresa entregaron a los vigilantes el siguiente material: 400 mascarillas quirúrgicas, 13 botes de solución hidroalcohólica para higiene de manos con dosificador y 800 guantes de nitrilo de un solo uso.

Por todo ello, la jueza estima que ha quedado acreditado que varias medidas de protección ya han sido cumplidas por la empresa o por Osasunbidea, «mientras que otras no son exigibles en la actualidad (mascarillas FFP2) o no se han concretado debidamente (uniformes). No concurren, pues, los requisitos exigidos legalmente para la adopción de las medidas cautelares postuladas. Todo ello sin perjuicio de que se pudieran volver a solicitar sin varían las circunstancias laborales de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo».