LaLiga contempla adquirir 15.000 test de coronavirus y ya remitió algunos a los clubes hace unas semanas, sin que al menos Osasuna y Eibar los utilizaran. Pero con ello deja en evidencia una realidad sangrante. Reiteradamente se ha probado en esta crisis que ni siquiera sanitarios que han desarrollado síntomas del virus han sido testados.

La situación se agudiza ahora con el protocolo de LaLiga para la reanudación de la competición, que establece tres pruebas serológicas, una con PCR, a todos los futbolistas y equipos técnicos para intentar garantizar que no se producen positivos y una cadena de contagios, más aún en un ámbito deportivo en el que el contacto físico es inevitable y muy continuo.

El protocolo apunta a que LaLiga no tiene problemas para proveerse de esos test... pero con ello pone en un brete al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, que tienen criterios mucho más estrictos por su incapacidad para adquirirlos. Así, fuentes ministeriales han apuntado este viernes a la Cadena Ser que no permitirán tal cosa hasta que no haya mayor disponibilidad. Y han recordado que el criterio actual es que se analiza solo a las personas que desarrollen síntomas (y algunas veces ni eso), por lo que solo en ese caso se autorizaría testarles, como ya se hizo con el Alavés, el Valencia o el Espanyol.

Entre tanto, empiezan a proliferar las voces de futbolistas –e incluso de plantillas enteras como la del Racing de Santander– que en la línea de lo que ya hicieron Osasuna y Eibar entienden que no pueden ser unos privilegiados respecto a otros colectivos que por profesión o edad tienen mayor riesgo.

Acabar como está

El Racing de Santander es colista de Segunda División a siete puntos de la permanencia, y le interesa que no se jueguen las once últimas jornadas para evitar el descenso. Hasta ahora los jugadores que se han quejado públicamente ante una vuelta a la competición pertenecen a equipos que les interesa dar por terminada la temporada como está, que se eliminen los descensos y se amplíe el número de equipos de cada categoría.

Así se han quejado jugadores del Cádiz y el Zaragoza, también en Segunda, que ocupan los dos puestos de ascenso directo, del Celta, que en estos momentos marca la barrera de la permanencia en Primera con un punto sobre el descenso, o del Sevilla, que ocupa la tercera plaza que permite jugar la Champions con dos puntos sobre el sexto.

LaLiga, la Federación Española y el CSD llegaron a un principio de acuerdo el pasado sábado para intentar retomar la competición porque no solo es un problema grave para el futuro la resolución de ascensos y descensos y la definición de los equipos que deben jugar competiciones europeas, lo que ha motivado el último enfrentamiento entre las dos primeras.

654 millones

Además están en juego 654 millones de euros que LaLiga contempla que se van a dejar de ingresar si no termina la competición a puerta cerrada, que es la única opción que se contempla. Para ello es impresicindible realizar test y concentraciones de casi dos meses, que es lo que más molesta a los jugadores, porque es la única manera de evitar los contagios.

El problema es que el Ministerio de Sanidad no consigue adquirir test suficientes ni para los sanitarios y ha comprado muchos que no sirven, mientras que muchos ciudadadanos o trabajadores en sus empresas han pasado pruebas adquiridas en el ámbito privado. El Gobierno español anunció que iba a intervenir estos test en laboratorios o clínicas privadas, pero tampoco los ha prohibido para que los pasen personal sanitario.

El tema es que los clubes tienen una notoriedad que no alcanzan otras empresas que también han realizado test a sus trabajadores y eso ha generado una controversia que ha llevado a Sanidad a trasmitir que no lo va a permitir. Aunque la pregunta es ¿por qué diferentes empresas o LaLiga son capaces de adquirir las pruebas que necesitan y no el Ministerio de Sanidad o las consejerías de las autonomías, que incluso como la de la CAV rechaza todavía la opción de realizar los test propuestos por la UPV?