La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han comparecido este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Díaz ha señalado que el acuerdo alcanzado para ampliar los ERTE hasta el 30 de junio da «valor al dialogo social. Los agentes sociales están a la altura de la historia del país y nos indican el camino a la reconstrucción».

Los empresarios no podrán despedir, pero tampoco tendrán que pagar las cuotas de los trabajadores que no puedan desarrollar su labor, mientras que éstos recibirán prestaciones al menos hasta el 30 de junio.

A partir de ese momento, Díaz ha anunciado que «con carácter previo creamos una comisión que va a examinar de manera quincenal cada uno de los sectores económicos y laborales para ver si después del 30 de junio hay sectores afectados. Se van a prorrogar los ERTE y se dará protección a los trabajadores de una manera más pautada en los sectores que tengan dificultades tras el 30 de junio. Si necesitan la protección después la van a tener».



El texto establece que no podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTE por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del acuerdo se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTE de fuerza mayor total.

En el caso de ERTE de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros o ser extendidas a ERTE basados en causas objetivas.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que la decisión de los territorios que pasarán de fase se tomará por evidencia científica y no por «intereses partidistas, ni cálculos electorales».



Montero ha confirmado que, tras recibir las opiniones y propuestas de las comunidades autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, iba a ser el encargado de explicar horas después qué territorios pueden pasar a la fase 1 de desescalada y emprender el camino hacia la nueva normalidad.

Tras el agrio debate del miércoles en el Parlamento y los problemas para sacar adelante el estado de alarma, Montero ha defendido que éste es el único instrumento válido para responder al coronavirus.  Así ha criticado al PP por su abstención: «No entiendo la posición del Partido Popular, que no tengan ningún plan ante el problema más grave que podemos tener. ¿Qué significa la abstención? Se trata de que los ciudadanos puedan salir del confinamiento en una situación de orden que no tire por tierra el esfuerzo realizado hasta ahora».

Por eso, Montero ha anunciado que ve necesario ampliar el estado de alarma sin atreverse a poner una fecha tope.