Ante las declaraciones que ha realizado Urkullu hoy en Euskadi Irratia en que vuelve a pedir «solidaridad» a los empleados públicos porque tienen el puesto «garantizado» frente a «los sacrificios del sector privado», ELA ha exigido al lehendakari que explique con anterioridad a las elecciones del 12 de julio cuales van a ser sus decisiones respecto al empleo y las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

ELA ha denunciado que estas palabras del lehendakari Urkullu, que se unen a las del fin de semana de la consejera Arantza Tapìa, «no buscan la solidaridad entre colectivos, sino poner en el punto de mira, una vez más, a las y los trabajadores de los servicios públicos y de paso, aplicar nuevos recortes sobre sus condiciones de trabajo y los servicios que ofrecen»

La central sindical considera que el coronavirus ha dejado una lección muy clara, la de que es fundamental reforzar los servicios públicos, y ha recordado al jefe de Gobierno de Lakua que uno de cada tres trabajadores públicos son temporales. Como ya lo ha explicado en varias ocasiones ELA, Urkullu «vuelve a mentir» cuando habla de un colectivo «que tiene estabilidad laboral». 

Porque «su apuesta sistemática por recortar los presupuestos públicos ha traído consigo que más del 35% de las y los trabajadores públicos tengan un contrato temporal. Hoy más de 15.000 trabajadoras y trabajadores de Osakidetza son temporales; otros 13.000 más, en Educación; en el propio Gobierno Vasco existe un 60% de temporalidad». Es decir, «alrededor de 40.000 personas son temporales en el ámbito público que dirige el lehendakari Urkullu», remarca.

Añade, además, que «la perdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos es aproximadamente del 13 % en la última década» y apunta el dato de que «hoy hay casi 100.000 trabajadoras y trabajadores subcontratados en los servicios públicos, en un porcentaje muy grande mujeres y del ámbito de cuidado, donde la Administración es financiadora o responsable directo del servicio, las cuales tienen condiciones salariales que en muchos casos están muy lejos de los 1.200 euros mensuales».

ELA vuelve a exigir a Iñigo Urkullu que haga «un ejercicio de transparencia» y explique con anterioridad a las elecciones del 12 de julio cuáles van a ser sus decisiones respecto al empleo y las condiciones laborales de las y los trabajadores públicos, para que estos  sepan, antes de votar, «qué pasará con su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, petición que hacemos extensible al resto de formaciones políticas que se presentan a las elecciones».

CCOO: «Inoportunas y alarmantes»
El Área Pública de CCOO de Euskadi muestra igualmente su rechazo a las declaraciones de Urkullu, que considera «inoportunas y alarmantes»

Recuerda al máximo representante institucional de la CAV que «el conjunto de las personas trabajadoras públicas vascas ha contribuido sobradamente, y en la medida que las condiciones sanitarias en plena alerta les facultaba, a cerrar lo más pronto posible esta crisis». De ahí que «no se entienda el comentario, aludiendo a la necesidad de sacrifico (¿laboral? ¿personal?) que se plantea».

Insiste a Urkullu que el sector público ya se sacrificó con la anterior crisis económica «que, a día de hoy, no han sido suficientemente devueltos, entre ellos la no devolución de la contribución que le corresponde a las administraciones en Itzarri, lejos aún del 3% comprometido desde 2010». La cengtral que dirige Loli García sostiene que «lo que en un primer momento se presentaba como  esfuerzos y sacrificios han acabado siendo recortes permanentes».

«También se hace difícil de entender –explica el sindicato– que el lehendakari utilice la comparación entre servicios públicos y privados como fiel de una hipotética balanza que equilibre el capítulo económico del país. ¡Pronto se olvidan las muestras de reconocimiento y gratitud al inmenso colectivo de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos durante la parte más dura de la pandemia!».

Es por ello que CCOO de Euskadi muestra su rechazo a «unas declaraciones mediáticas que, lejos de aligerar la carga negativa que la crisis económica parece traerá consigo, alimentan la división, aumentan la tensión y añaden desencanto al colectivo trabajador público de Euskadi».