El mensaje correcto de la Comisión Europea chocará, con casi toda seguridad, con su materialización, dado que se basa solo en la negociación colectiva, que no es garante de la igualdad salarial.

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles la segunda fase de consulta, abierta hasta el 4 de setiembre, con los sindicatos europeos y las organizaciones empresariales sobre cómo garantizar salarios mínimos justos para todos los trabajadores de la Unión Europea. La primera fase se produjo entre mediados de enero y febrero y recibió a 23 interlocutores.

No busca equiparar un salario mínimo europeo, sino reducir la creciente desigualdad salarial que se produce en la UE desde hace décadas. En este momento, la pandemia por el covid-19 ha exacerbado esas diferencias.

La tercera fase consistirá en negociaciones entre los interlocutores sociales, dirigidas ya a alcanzar un acuerdo.

Protegidos con salario justo

Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, ha señalado que «con miras a la recuperación para todos después de la crisis del coronavirus, queremos asegurarnos de que todos los trabajadores en la UE estén protegidos por un salario mínimo justo que les permite ganarse una vida digna, independientemente de dónde trabajen».

Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales, por su parte, ha reconocido que «uno de cada seis trabajadores está mal pagado en la UE y la mayoría de ellos son mujeres».

Ha añadido que «estos trabajadores mantuvieron nuestras sociedades y nuestras economías funcionando cuando todo lo demás tuvo que detenerse. Pero, paradójicamente, serán los más afectados por la crisis».

El trabajo hacia una iniciativa sobre salarios mínimos justos en la UE es «un elemento esencial de nuestra estrategia de recuperación. Todos merecen un nivel de vida decente», añade.

13% cobra salario mínimo
La Comisión Europea reconoce que la crisis «ha golpeado particularmente a sectores con bajos salarios, como el comercio y el turismo», apunta el documento, que detalla que en estos sectores y el del transporte «un 13% de los trabajadores cobra el salario mínimo, solo superado por la agricultura (24%)». Y reconoce que éstos no pueden llegar a fin de mes con esos salarios.

En realidad, la proporción de trabajadores con salarios bajos, los que son inferiores a dos tercios del salario medio estatal, en la UE aumentó desde 2006 al 2014 del 16,7% al 17%. Esto ha llevado a un aumento de la pobreza laboral, que ha pasado del 8,1% en 2005 al 9,6% en el 2018.

La Comisión Europea señala que la digitalización o el aumento de las formas de trabajo no tradicionales ha llevado a un aumento de los empleos con bajos salarios y una mayor desigualdad salarial en muchos países, una tendencia que «sin acción política podría verse agravada por el fuerte impacto de la crisis del covid-19 sobre la gente vulnerable».

Demanda de empleo precario

Advierte, en este caso, que la salida de la crisis «podría aumentar la demanda de trabajadores no estándar y precarios para reducir costes», lo que agravaría el riesgo de pobreza de estas personas, que en general ya tienen jornadas y salarios inferiores a los de los empleados fijos.

«Hay un riesgo de que la adecuación del salario mínimo se deteriore en algunos Estados miembros tras la crisis del Covid-19. Las desigualdades salariales podrían aumentar, puesto que los trabajadores altamente cualificados podrían verse menos afectados por la pérdida de empleo e ingresos que los mediana o bajamente cualificados», dice el texto.

Plantea, en concreto, reforzar el papel de la negociación colectiva en la fijación del salario mínimo y que todas las categorías estén cubiertas en los convenios, así como crear marcos nacionales que permitan establecer y actualizar los salarios en base a criterios «claros y estables», como el salario medio o el coste de la cesta de la compra.

También que se eliminen o limiten las exenciones y variaciones del salario mínimo, que se garantice el papel de los agentes sociales en los países dónde el salario mínimo se fija por ley, y que se introduzcan sistemas efectivos para controlar el cumplimiento de las normas.