Para rechazar las enmiendas que pedían la devolución del texto al Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. Por su parte, UPN, socio electoral de PP y Ciudadanos en Nafarroa, ha sumado sus votos a los que pedían frenar el nuevo impuesto.

La ‘tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en el Estado español superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El pasado 18 de febrero, fue el Consejo de Ministros el que aprobó el proyecto de ley  con una previsión de recaudación por el impuesto de 968 millones. Fue antes de la pandemia del covid-19, por lo que los datos de recaudación están a la espera de lo que ocurra con la crisis.

Fiscalidad digital

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la creación del impuesto  con el fin de reforzar el Estado del bienestar, permitiendo a los ciudadanos «coger el ascensor social», así como actualizar la fiscalidad a una economía digitalizada.

Montero argumentó que la crisis del covid-19 hace necesario sostener el Estado del bienestar mediante «un sistema fiscal justo y progresivo» que actúe como "pegamento social" y redistribuya la riqueza.

Añadió, entre otros argumentos, que «el mundo ha cambiado» y que «cada día la economía es más digital», y que actualmente existe «en la mayor parte del mundo una fiscalidad analógica en una economía digital». A su juicio, «la fiscalidad actual está pensada para la economía de hace 20 años», por lo que destacó la necesidad de crear nuevas figuras fiscales.

Diciembre de 2020

La liquidación se prevé trimestral, pero de manera excepcional no se realizará en el primer año hasta, al menos el 20 de diciembre de 2020, lo que permite dar margen para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas, que tendrán que hacer frente a un único pago este año a final del ejercicio.

Del impuesto quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros y las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.