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ELA: «Centros concertados de FP desvían más de 3,5 millones con la connivencia de Lakua»

ELA ha denunciado que las patronales no han aplicado la resolución sobre aspectos organizativos del curso 2019-20 para la Formación Profesional de centros concertados y que estos «siguen desviando más de 3,5 millones de euros un curso más con la complicidad del Gobierno Vasco».

Según ELA, entre los conceptos que según la normativa en vigor deben atenderse, y por tanto son financiados por el Gobierno de Gasteiz, se encuentran las horas para la gestión y seguimiento de las prácticas en empresas (Formación en Centros de Trabajo o FCTs) y las horas para segundos docentes durante las prácticas en el aula o taller (o desdobles).

La central sindical ha recordado que, hace ya más de 4 años, los delegados de ELA de los centros concertados de FP de iniciativa social detectaron irregularidades en la aplicación de estos conceptos, y que «no estaban dedicando todas las cantidades económicas recibidas para dar este servicio».

En esa línea, ha subrayado que las consecuencias de estas irregularidades «son muy graves» ya que, entre otras cuestiones, «afectan y perjudican tanto al personal docente que tiene que asumir unas cargas de trabajo que no le corresponden, como para el alumnado que no está recibiendo un servicio adecuado desde el punto de vista de la calidad educativa como de la seguridad».

ELA, en mayo de 2016, puso en conocimiento estas «graves irregularidades» tanto a las patronales de los centros de FP concertados como al Departamento de Educación del Gobierno de Lakua y «la respuesta de la patronal fue que estaban cumpliendo con la normativa y no mostraron ninguna intención de corregir estas irregularidades».

En cuanto al Departamento de Educación, ha indicado ELA, «en 2017 decidió realizar un estudio a través de la Inspección de Educación». Por ello, durante el curso 2017-2018, la inspección educativa acudió a 16 centros de FP concertados de Iniciativa Social y emitió un informe de fecha 23 de julio de 2018.

En este informe se confirma la existencia de las irregularidades, según ELA. En base a los datos recogidos sobre estos 16 centros de FP «se podrían haber dejado de destinar unos 3,5 millones cada curso para FCTs y desdobles».

«Un desvío de dinero público y de cuotas de familias que no sabemos a dónde se ha desviado, pero que dicho informe sí certifica que no se ha dedicado al seguimiento de las prácticas del alumnado y al desdoble de aulas en las asignaturas prácticas que por motivos de seguridad así lo requieren», ha insistido.

En mayo de 2019, ELA presentó una reclamación administrativa ante el Gobierno de Lakua para denunciar estas irregularidades de financiación pública en los centros concertados de FP e instándole a tomar «de manera inmediata las medidas oportunas para corregirlas», así como a «cubrir adecuadamente las prácticas o formación en centros de trabajo y los desdobles durante las prácticas en el aula o taller».

Como consecuencia de las denuncias y la reclamación administrativa presentada por ELA, el Departamento de Educación publicó el 30 de julio de 2019 la resolución del viceconsejero de FP sobre aspectos organizativos del curso 2019-20 en los centros privados-concertados.

Aunque el sindicato no comparte algunos aspectos de la resolución y entiende que algunos puntos de la misma son «de dudosa legalidad», en opinión de ELA «deja claro que se aplicará una ratio de Formación en Centros de Trabajo, y otra ratio de Crédito de Apoyo a la Docencia, ambas financiadas mediante el módulo de concertación, es decir, especifica que hay un número de horas lectivas financiadas por el Gobierno Vasco para hacer el seguimiento a las prácticas de los alumnos y otras horas para los desdobles».

Incumplimiento

De este modo, ha criticado que el curso 2019-20 ha llegado a su fin y las patronales no han aplicado la resolución y el Gobierno de Urkullu, «conocedor del incumplimiento, no ha hecho nada para garantizar el derecho de los alumnos a una educación justa y de calidad».

Desde ELA, por una parte, se ha continuado denunciando por la vía jurídica el incumplimiento habiendo presentado en enero el recurso administrativo correspondiente para solicitar la aplicación y ejecución de la resolución para el curso 2019-2020.

Por otro lado, el sindicato ha pedido reunirse con las distintas viceconsejerías del Departamento de Educación con responsabilidad en este asunto (la viceconsejería de Administración y Servicios y la de FP).

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo de Gasteiz «ha evitado mantener este encuentro» y en las reuniones celebradas por separado «cada una se ha escudado en responsabilizar a la segunda avalando así la actuación de las patronales».

«Educación no quiere abordar lo denunciado por el sindicato, y parece que pretende seguir sin tomar medidas para corregir las irregularidades denunciadas y seguir permitiendo que una importante cantidad de dinero público no se destine a sus fines», ha alertado la central sindical, al tiempo que ha advertido de que seguirán denunciando estas irregularidades «tanto por la vía jurídica como por la sindical para que sean corregidas».

«El Gobierno Vasco pretende dar a la red concertada una función de subcontrata barata, es decir, pretende abaratar costes y desentenderse tanto de las condiciones de trabajo en las que se trabaja en dichos centros, así como de la calidad propio servicio», ha concluido ELA.