La decisión del citado tribunal ha sido dada a conocer en una comparecencia ante los medios por dos representantes de los SAPCs, Xabier Senosiain y Nor Rodriguez, quienes han detallado que la suspensión temporal fue decretada el pasado viernes día 26, en lo que califican de «varapalo judicial para el Ayuntamiento».

Los ocho Servicios de Acción Preventiva Comunitaria habían recurrido a los juzgados en vista que el Ayuntamiento de Enrique Maya quería escudarse en el estado de alarma decretado ante la pandemia del covid-19 para obligarles a realizar las colonias urbanas en cuatro centros de Iruñea y en exclusiva, ya que este año no ha licitado el Centro de Conciliación, que también se ocupaba de realizar este servicio, lo que entraña pasar de atender a mil niños a 400.

Para ello, había introducido una modificación en el contrato de los SAPCs escudándose en un «procedimiento de excepcional emergencia» a causa de la pandemia, a pesar de que el estado de alarma ya ha finalizado y de que el Consistorio ha programado las colonias urbanas a partir del 6 de julio.

En su resolución, el Tribunal Administrativo de Contratos de Nafarroa entiende que esa emergencia con la que se intenta justificar la modificación del contrato pierde sentido al aplicarse fuera del citado estado de alarma y que el Ayuntamiento «puede buscar otras vías para atender las colonias urbanas», han explicado Senosiain y Rodriguez.

Y aunque el Consistorio ha alegado que no se introducía una modificación sustancial en la labor que realizan en verano en este ámbito, el tribunal le recuerda que «sí lo es, ya que se cambia tanto la prestación como su perfil».

Esta suspensión supone que el contrato con el que habitualmente trabajan los SAPCs se mantiene en vigor y por ese motivo, han anunciado que tienen previsto «seguir trabajando como lo hacemos todos los años», ofreciendo actividades para los txikis de sus respectivos barrios con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar.

23 expedientes sancionadores

Y lo van a hacer a pesar de que el Ayuntamiento de Navarra Suma «está recurriendo a la sanción y a la amenaza» contra estos servicios. Una actitud que consideran se pone en evidencia con los 23 expedientes sancionadores que el Consistorio de Enrique Maya ha abierto contra los ocho servicios y que contemplan unas multas con un montante total que puede oscilar entre los 300.000 y los 600.000 euros, según han denunciado Rodriguez y Senosiain.

Mientras, todavía queda esperar la decisión definitiva del Tribunal Administrativo de Contratos de Nafarroa ,que dispone de veinte días para adoptar una resolución al respecto. Los SAPCs han destacado que el Ayuntamiento está pidiendo al citado tribunal que adopte una decisión antes del 5 de julio, buscando tener una decisión definitiva antes de que arranquen las colonias urbanas de Iruñea tal y como las ha diseñado. Una actitud que los SAPCs denuncian como una presión hacia el tribunal.

Desde estos servicios se espera la resolución definitiva, ya que si el tribunal llegara a aceptar finalmente la modificación del contrato relizada por Navarra Suma, esa decisión «terminaría con los servicios de atención a la infancia» de Irueña, que realizan una labor especialmente centrada «en los sectores más desfavorecidos de la sociedad».