La llamada Comisión de Reconstrucción ha aprobado en el Congreso este viernes las más de 160 medidas preparadas por del grupo de trabajo de reactivación económica, un dictamen que ha contado con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y el rechazo del PP, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu y BNG, mientras que PNV, Coalición Canaria y el PRC se han abstenido.

El documento ha sido refrendado por 167 votos a favor, 115 en contra y 10 abstenciones.

La semana del 20 de julio, con casi toda seguridad, se votará de forma definitiva en el pleno del Congreso.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha votado no a los documentos de conclusiones «porque no recogen la derogación de la reforma laboral, el impuesto a las grandes fortunas y a la banca y el establecimiento de las pensiones mínimas de 1.080 euros». Todo ello después de una nueva autorrectificación del PSOE, que inicialmente apoyó la derogación y luego forzó otra votación para desdecirse.

Otra razón de rechazo es, según la portavoz abertzale, que «no se respeta nuestro autogobierno, supone una injerencia y se invaden competencias en todos los ámbitos».

Tampoco ha sido del agrado de EH Bildu porque «incluyen medidas acordadas con la derecha que ni aceptamos ni asumimos. No es compatible con las políticas progresistas que defendemos las fuerzas de izquierda».

Aizpurua se ha preguntado: «Si existe de verdad una supuesta mayoría progresista que decía estar dispuesta a hacer políticas progresistas y de izquierdas, ¿cómo se entiende entonces que se rechace un impuesto a las grandes fortunas, no se quiera derogar la reforma laboral y no se garanticen pensiones mínimas de 1.080 euros?».

Desbloqueo del superávit
Entre las medidas aprobadas más relevantes, la comisión ha acordado, en contra del criterio del PSOE, desbloquear los superávit municipales acumulados en 2019 y 2020, no aplicar la regla de gasto en los ayuntamientos hasta 2022 y eliminar las condiciones al rescate de empresas, como no repartir dividendos en dos años y no operar con paraísos fiscales.

Asimismo, por un error de Unidas Podemos en una votación que han tratado de rectificar, sin éxito, se ha aprobado aplicar un sistema similar al de la «mochila austriaca» para nuevos contratos, con un fondo de capitalización al que los trabajadores puedan recurrir en caso de despido, cambio de empresa o jubilación.

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados ha aprobado no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 y permitir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan utilizar el superávit de su tesorería para invertir en la necesidades derivadas de la crisis provocada por el covid-19-

Unidas Podemos se ha unido a la enmienda transaccional promovida por JxCAT y pactada con PP, Cs, ERC, Compromís y CC  entre otras formaciones para permitir flexibilizar la regla de gasto.

El PSOE ha sido el único partido que ha votado en contra, por lo que la iniciativa ha salido adelante con apoyo mayoritario, también con el del PNV.

De esta forma Unidas Podemos se ha desmarcado del texto común que habían pactado con el PSOE y que no reflejaba esta propuesta, como tampoco contempla la derogación de la reforma laboral o un impuesto a las grandes fortunas.
 
Revisión del Impuesto de Patrimonio

Todas las formaciones, a excepción del PSOE, se han unido para poder utilizar el superávit de las corporaciones locales y autonomías con el fin de afrontar la reconstrucción económica tras la pandemia. Además, en aplicación del principio de subsidiariedad, una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por la corporaciones locales y las comunidades autónomas.

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica también ha decidido incluir en el dictamen, que será votado en el Pleno del Congreso, una enmienda de Compromís para que antes de final de año el Gobierno presente un «nuevo esqueleto» del modelo de financiación autonómica con el fin de corregir la deficiencias actuales.

También ha aprobado revisar el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, como pedía la formación que lidera Joan Baldoví en el Congreso.

El dictamen final incluirá otra enmienda pactada con ERC, PSOE y Unidas podemos que pide un plan de trabajo autónomo y la reforma del régimen especial de los autónomos (RETA) para que coticen por los ingresos reales.

Asimismo, el PNV ha incluido sus propuestas relativas a citar específicamente los sectores estratégicos que se deben impulsar para reactivar la economía, medidas para fomentar la Formación Dual y otras sobre I+D como aligerar las barreras administrativas en los procedimientos de gestión de ciencia e innovación.

También se han aprobado enmiendas de la formación jelkide para fomentar la colaboración público privada a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.

Además, se han incluido las salvaguardas para respetar la diversidad competencial y para incluir la perspectiva de género en las políticas y medidas a implementar.

PNV y JxCat se han quejado de la falta de memoria económica y, mientras el diputado de JxCAT Ferran Bel ha señalado que son documentos «genéricos», el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que el Ejecutivo no aborde medidas fiscales, laborales o de política industrial «con rigor» y ha calificado el documento de «colorido pero sin estructura».

Además, el PNV ha señalado que la Comisión de Reconstrucción en materia sanitaria y social  se ha distinguido por ser una «pequeña LOAPA», en alusión al ataque a las competencias.