Una relatora de la ONU tilda de «ejecución arbitraria» la muerte de Soleimani en un ataque de EEUU

La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, ha afirmado en un informe que la muerte del general iraní Qassem Soleimani en un bombardeo de EEUU en enero en Irak fue «ilegal» y «una ejecución arbitraria». Sostiene que Washington no ha aportado pruebas que justificaran esta acción.

NAIZ|2020/07/07
Soleimani
La relatora Agnès Callamard, en una imagen de archivo. (Fabrice COFFRINI / AFP)

El general iraní Qassem Soleimani murió de forma «arbitraria» e «ilegal» durante un bombardeo estadounidense en Irak ya que Washington no demostró que representara un peligro inmediato, ha asegurado la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones judiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard.

En un informe enviado hoy por Naciones Unidas a los medios de comunicación, Callamard concluye que «a falta de una amenaza inminente que pusiera en peligro vidas, la manera de actuar de Estados Unidos fue ilegal» y violó el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.

La experta, que tiene mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero no se expresa en su nombre, va a presentar el jueves su informe ante esta instancia de la ONU de la que Estados Unidos se retiró en 2018.

El documento gira en torno al uso de drones en los asesinatos selectivos, pero más de la mitad del informe se centra en el «caso Soleimani».

El general, muerto en un ataque estadounidense con drones el 3 de enero en Bagdad, dirigía la Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución iraníes. Soleimani era el arquitecto de la estrategia militar del país en la región, sobre todo en Irak y Siria.

Junto a él fallecieron el iraquí Abu Mehdi al-Muhandis, «número dos» de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán, y varios milicianos iraquíes.

«Asesinato arbitrario»

«Vistas las pruebas suministradas hasta ahora por Estados Unidos, tomar como objetivo al general Soleimani, y matar también a quienes le acompañaban, constituyen un asesinato arbitrario del que Estados Unidos es responsable en virtud del derecho humanitario internacional», afirma Callamard en su informe.

Para justificar la muerte de Soleimani, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que preparaba ataques «inminentes» contra diplomáticos y militares estadounidenses, si bien días después afirmó que eso «no importa» debido al «horrible pasado» del general.

Por su parte, las autoridades iraquíes criticaron el ataque contra Soleimani y las FMP y recalcaron que esta coalición de milicias fue un elemento importante en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, lo que llevó al Parlamento a aprobar una moción pidiendo la explosión de las tropas estadounidenses.

En su informe, Callamard rechaza este argumento y subraya que Washington no ha demostrado que Soleimani «representara una amenaza inminente», por lo que no se pudiera esperar para atacarle o no se pidiera «permiso» a las autoridades iraquíes para matarlo.

«No se han presentado pruebas de que un bombardeo de un dron en un tercer país fuera necesario o que el daño causado a ese país fuera proporcional al daño supuestamente evitado», manifiesta Callamard en su informe.

Es decir, Washington no ha logrado demostrar que su ejecución fuera «necesaria», dice la experta.

«No ha suministrado pruebas»

«No se ha suministrado ninguna prueba que demuestre que el general Soleimani planeara un ataque inminente contra los intereses estadounidenses (...) o que Estados Unidos no tuvo tiempo de pedir ayuda a la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad de la ONU, para hacer frente a estas presuntas amenazas inminentes», concluye Callamard.

«Soleimani estaba al frente de la estrategia militar y las acciones de Irán en Siria e Irak, pero ante la ausencia de una amenaza inminente para la vida, las acciones adoptadas por Estados Unidos fueron ilegales», ha argüido.

Callamard ha lamentado, además, que «los bombardeos contra Soleimani y las bases estadounidenses en Irak provocaron muchas más víctimas que sus objetivos principales» y ha agregado que «176 pasajeros perdieron la vida cuando un misil iraní derribó su avión por ‘error’, según Irán, en medio del aumento de las tensiones».

Por ello, ha incidido en que «el asesinato selectivo de Soleimani es el primer caso conocido en el que un Estado invoca la defensa propia como justificación para un ataque contra un actor estatal en el territorio de otro Estado».

«En este caso, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos fue dirigido no sólo contra Irán, sino también contra Irak. Al matar a Soleimani en territorio iraquí sin obtener antes el consentimiento de Irak, Estados Unidos violó la integridad territorial de Irak», ha explicado.

Implicaciones «desconocidas»

Por otra parte, ha reconocido que «las implicaciones totales del asesinato selectivo de un actor estatal con un dron en la conducta futura son desconocidas en este momento» y ha agregado que el incidente supone «trasladar la técnica clave de la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ al contexto de las relaciones entre estados».

En esta línea, ha manifestado que el ataque contra Soleimani «fue claramente un ataque contra las Fuerzas Armadas de otro Estado, lo que descarta la posibilidad de que esto fuera un conflicto armado no internacional, que es definido por las hostilidades armadas internas».

Así, Callamard ha apuntado que, pese a la «inusual» decisión de Estados Unidos de etiquetar a la Guardianes de la Revolución como una organización «terrorista», el ataque seguiría sin estar justificado.

La relatora ha señalado que la decisión de Washington «abre la posibilidad a que Estados Unidos presente estos asesinatos como parte de su lucha contra Al Qaeda y sus afiliados», si bien ha destacado que sería «una afirmación anómala, dada la gran contribución de Irán en la lucha contra Estado Islámico».

 

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