Las tres organizaciones destacan que «una vez más, la movilización social y las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Donostia han contribuido a que el arrendador haya cedido a la justa petición de esta familia vulnerable». La misma percibe la ayuda alimentaria, y está a la espera de pagar cuando le sea concedida la RGI más la prestación complementaria de vivienda (PCV) con carácter retroactivo.

Como expresan en una nota, en el acuerdo, Azora señala que con «carácter general ha venido optando, en función del art. 4 del RDL 11/2020, por la moratoria o aplazamiento del pago de las rentas, pero que, en el presente caso, de manera excepcional, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la arrendataria, ha optado por la condonación del 50% de las rentas de estos tres meses, regularizándose el pago de la cuota de 664,51 euros en el mes de agosto».
 
Inquilinos Azora, Alokairu Benta Berri y Stop Desahucios se han sumado al agradecimiento y esperan que I.V-Azora «aplique la misma flexibilidad que con Ingris, la condonación del 50% en vez de la moratoria, a inquilinos en situación de vulnerabilidad similar como consecuencia de esta tremenda crisis económica derivada de la pandemia».

En este caso, se dirigen a otros arrendadores, como a Testa Socimi-Blackstone, «para que siga el ejemplo de I.V-Azora y aplique una condonación similar».

Esta plataformas sociales, por último, critican la falta de valentía del Gobierno español al publicar ese real decreto ley que «da la opción entre la moratoria o la condonación a los grandes tenedores y fondos buitres, en vez de regular solo la opción de la condonación para inquilinos vulnerables».

Por ello, consideran que «es imprescindible su modificación» y afirman que «debe de contemplarse en el texto del proyecto de ley que debe aprobarse en el Congreso».