Una jueza ha rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià al concluir que la Generalitat pretende «eludir» de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno español.

Así lo ha acordado esta madrugada la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida en un auto que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y en el que también advierte de que la Generalitat se basó en un informe con «expresiones genéricas» para solicitar la autorización judicial de una medida que ve «indiscriminada» y «desproporcionada».

Según la jueza, la resolución aprobada este domingo por la Generalitat «parece una copia» del Decreto de estado de alarma de marzo pasado, aunque de forma ilimitada en el tiempo, lo que «agrava todavía más» su contenido y consecuencias, con la que entiende que el Govern busca «eludir» la aplicación de este precepto constitucional, que es «una competencia estatal» que se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados.

La jueza, que estima la petición de la Fiscalía y asume sus argumentos para no autorizar la medida planteada por el Ejecutivo catalán, recuerda que «en todo caso» el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, «podrá solicitar del Gobierno la declaración de Estado de Alarma».

La magistrada sostiene que, sin pedir al Gobierno español el estado de alarma, la Generalitat podría, en aplicación de la Ley de Salud Pública, impulsar otras actuaciones como la «individualización del confinamiento domiciliario respecto las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento en virtud de la competencia que le otorga la ley de protección civil de Catalunya».

Resolución «desproporcionada»

La jueza recuerda que cuando la Generalitat pidió la semana pasada su autorización para el «cordón sanitario» mediante el cierre del perímetro del Segrià, su ratificación fue «asumible», pero lo que ahora le ha planteado el Ejecutivo de Torra para endurecer el confinamiento «excede ampliamente de una simple limitación de movimientos e incide gravemente en los derechos reconocidos constitucionalmente».

Según la jueza, las medidas acordadas este domingo por la Generalitat para intentar atajar el repunte de coronavirus en el Segrià plantean «ni más ni menos» el confinamiento de toda la población de Lleida, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat, donde sus vecinos solo podrán salir de casa por motivos muy limitados, como para trabajar en determinados sectores de actividad.

Para la jueza, «solo con pleno respeto a las leyes orgánicas», en este caso mediante el estado de alarma, podrán limitarse derechos constitucionales como los que cree que quedarían afectados con la resolución de la Generalitat.

«Es pública y notoria la elevada capacidad de expansión de la enfermedad y la existencia de un riego inminente y extraordinario para la salud pública que exige adoptar medidas que impidan una propagación de la enfermedad», reconoce la juez, que, no obstante, ve «desproporcionada» la resolución de la Generalitat.

Y ello es así, expone la magistrada, porque la «gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos» que ha adoptado la Generalitat «debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus».

En este caso, apunta la jueza, el riesgo de transmisión aparece «de pasada» en el informe remitido por la Generalitat para obtener el aval judicial a su resolución, en que se limita a señalar que la transmisión existe y puede ser importante.

«No nos aportan ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos para establecer esta afirmación», indica la magistrada.

Torra no acepta la decisión judicial

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado este lunes que «no acepta» la decisión judicial y ha indicado que asumirá las «consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas».

«No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa con la convocatoria de un Consell Executiu que aprobará un plan de rebrotes para actuar con toda la contundencia que sea necesaria, en todos los rincones del país, en función de las situación epidemiológica», ha afirmado Torra en una comparecencia de urgencia junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Torrent: «Hay que atender a los criterios sanitarios»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha puntualizado este lunes que todos los decretos del Govern están sujetos al control del Parlamento catalán, y ha pedido atender «los criterios sanitarios». 

Según el presidente del Parlament, «hay que ser muy prudentes» a la hora de actuar por parte de la ciudadanía y, sobre todo, «seguir las recomendaciones que marcan las autoridades sanitarias» puesto que «el Gobierno de la Generalitat no toma decisiones porque sí, lo hace sobre la base de datos técnicos y de lo que le indican los expertos».

Sobre el argumento utilizado por la jueza de que si se restringen derechos debe haber un control parlamentario, Torrent ha puntualizado que «todas las medidas que adopta el Govern pasan por el Parlament» y que, de hecho, ya han pasado por el mismo 25 decretos relacionados con la gestión contra la propagación del coronavirus.