El sindicato que lidera Mitxel Lakuntza estima que la «insuficiencia» del Next Generation EU choca con la política que ha llevado adelante el Banco Central Europeo (BCE) con la inyección masiva de liquidez al sistema bancario. «Si ese dinero se hubiera derivado direcctamente a la financiación de los Estados miembros, la cantidad de recursos sería suficiente para hacer frente a la crisis», exponen.

ELA cuestiona para qué se va a destinar el dinero, ya que critica que va a servir para sustentar el actual modelo. «La transformación social y ecológica de la economía debería ser el eje vertebrador de las políticas de la Unión, pero se sigue defendiendo el status quo de las élites económicas de cada lugar».

Creen que es un plan «tardío» y con grandes incertidumbres sobre cuándo se repartirán los fondos. Las primeras estimaciones son de que no llegarán a los Estados antes de enero de 2021, algo que choca con la necesidad urgente de los gobiernos de disponer de recursos para hacer frente «a la sangría» que ha provocado el covid-19 a raíz del pago de los ERTE, líneas de crédito a empresas e inyección de más recursos al sistema sanitario.

Asimismo, ELA cuestiona que los Estados que soliciten el dinero no tendrán la autonomía suficiente para determinar a qué destinan los recursos. Advierten que los Estados que accedan a estos fondos tendrán que cumplir los años siguientes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Europa, condicionando así sus políticas públicas.

No olvidan que el plan va a suponer un aumento «importante» de la deuda pública, antesala de nuevos recursos como ocurrió en la crisis de 2008. Para afrontar esa situación son necesarios nuevos impuestos, ante lo que la central aboga por una reforma fiscal de calado.

Alternativas

La alternativa que propone ELA persigue un cambio de modelo que, en primer lugar, contempla que los gobiernos puedan financiarse directamente del BCE y romper con el marco presupuestario que se sostiene en los límites de déficit, regla de gasto y eliminar los mecanismos de control de la UE.

También plantea eliminar la condicionalidad de las políticas europeas, que supone en la práctica recortes de derechos laborales o sociales. Da gran importancia a la realización de una auditoría de la deuda pública, moratoria de su pago y «cancelación de la parte no legítima».

Fundamental es para ELA que se fije una «tasa covid» con la que las rentas altas, las empresas y el capital paguen los costes económicos de la pandemia. Un cambio radical en las políticas fiscales que debe evitar que el aumento del déficit público conlleve posteriores ajustes estructurales. Tampoco se olvida de la necesidad de articular mecanismos para acabar con los paraísos fiscales.