El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles el envío adicional de agentes federales a Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan) y Milwaukee (Wisconsin), dentro del polémico programa para contener la violencia criminal en ciudades gobernadas por la oposición demócrata.

«La responsabilidad más básica del Gobierno es proteger la seguridad de nuestros ciudadanos. Hoy hemos extendido la Operación Legened a Cleveland, Detroit y Milwaukee, tres ciudades que han visto preocupantes aumentos en los crímenes violentos, particularmente homicidios», ha afirmado el fiscal general de EEUU, William Barr.

Previamente, Trump ya había enviado agentes federales a Chicago (Illinois), Kansas City (Misuri) y Albuquerque (Nuevo México).

«Son mala gente. Son anarquistas. O las autoridades policiales hacen algo o lo vamos a hacer nosotros», ha afirmado Trump en referencia a las protestas.

Barr ha defendido ante el Congreso la respuesta del Gobierno a la ola de protestas desatadas en todo el país tras la muerte a finales de mayo del afroamericano George Floyd, fallecido por asfixia bajo custodia policial en Mineápolis.

Tras la muerte de Floyd, el fiscal alertó de que «violentos alborotadores y anarquistas han secuestrado protestas legítimas para causar estragos y destrucción sin sentido en víctimas inocentes».

Barr ha añadido que les preocupa que este problema «haga metástasis en todo el país».

La gobernadora anuncia una retirada en Portland

Portland (Oregón), donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias se han desplazado con el argumento de que se necesitan para contener unas protestas contra el racismo que ya duran más de 50 días, es una de las ciudades donde se han visto enfrentamientos más violentos.

Las fuerzas federales han actuado como cuerpos paramilitares, sin identificación y en vehículos no oficiales, en actuaciones que la oposición demócrata ha comparado a las policías de dictaduras.

El envío de agentes federales ha recibido también el rechazo frontal de las autoridades locales, que consideran que empeora la situación y es una maniobra de distracción ante la fallida gestión de Trump con la crisis desatada por el coronavirus.

Con todo, Trump ha aceptado reducir el despliegue de esta fuerza policial en Portland desde el 30 de julio.

«Después de discusiones con el vicepresidente y responsables de la administración, el Gobierno federal ha aceptado mi demanda y va a comenzar a retirar a sus agentes», ha asegurado la gobernadora demócrata de Oregón, Kate Brown.

Sin embargo, el secretario de Seguridad interior, Chad Wolf, ha señalado que mantendrá «nuestro personal suplementario para mantener el orden en Portland hasta que estemos seguros de que el tribunal y otros lugares federales «no sean atacados».

«Esto constituye nuestra misión y nuestro objetivo desde que estas actividades violentas, criminales, han comenzado», ha afirmado. 

Desde la llegada de estos policías a comienzos de julio, los incidentes en las manifestaciones antirracistas se han ido agravando, sobre todo ante el tribunal federal.

«Estos policías federales han actuado como una fuerza de ocupación, se han negado a rendir cuentas y han aportado violencia y conflicto en nuestra ciudad», ha acusado.