La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este martes el proyecto enviado por el Gobierno sobre la reestructuración de la deuda, valorada en unos 66.300 millones de dólares.

El proyecto, aprobado por el Senado la semana pasada, sumó 247 votos a favor, dos en contra y una abstención, según ha informado la Cámara de Diputados argentina en la red social Twitter.

Tal y como ha destacado la propia cámara baja, la iniciativa «otorga a los acreedores de títulos bajo ley nacional el mismo trato que a los tenedores bajo legislación extranjero».

En concreto, dispone la reestructuración de la deuda argentina instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley nacional, mediante una operación de canje.

Según el proyecto, los tenedores de los títulos elegibles que no se adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, en el marco del plan que actualmente está vigente.

Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de Argentina «está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo, condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera».

Además, el texto agrega que «el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad».

Alivio de pagos

Un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso argentino, recogido por Télam, señala el proyecto para la reestructuración de 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi 20.000 millones de dólares estadounidenses hasta 2030.

En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PIB. De ellos, aproximadamente unos 14.700 millones, el 35%, están en manos de tenedores privados, mientras que el resto se encuentra en distintos organismos públicos.

La reestructuración de la deuda ha sido una de las prioridades del Gobierno de Alberto Fernández desde que asumió el poder del pasado 10 de diciembre, después de la crisis desatada en 2018, donde Argentina quedó al borde del cese de pagos.

El anterior presidente argentino Mauricio Macri solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un megacrédito de 56.300 millones de dólares, de los cuales sólo se recibieron cerca de 44.000 millones después de que Fernández, tras asumir la jefatura del Estado, decidiera rechazar los préstamos restantes ya que fueron utilizados sin control por el antiguo gobierno y destinados a «financiar la fuga de capitales».