Este jueves se ha reunido la nueva Mesa del Parlamento y se ha celebrado un pleno para designar a los miembros de la comisión provisional de incompatibilidades, que se va a encargar de analizar los bienes y las actividades de los parlamentarios.
La comisión tiene previsto elaborar su dictamen en el plazo de una semana pera que pueda ser ratificado en pleno el próximo día 13, cuando la presidenta de la Cámara, la jeltzale Bakartxo Tejeria, anunciará la fecha de la sesión de designación del lehendakari, probablemente el día 3 de setiembre.
Falta que PNV y PSE cierren el acuerdo para investir a Iñigo Urkullu. El presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, ha afirmado este jueves que no hay avances significativos en las negociaciones, pero ha precisado que este mes de agosto se avanzará para culminar un acuerdo.
Por su parte, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha advertido de que cualquier acuerdo se someterá al parecer de los militantes socialistas, «que tendrán la última palabra».
No obstante, PNV y PSE ya mostraron su buena sintonía en el pleno del pasado lunes, cuando acordaron con Elkarrekin Podemos-IU el reparto de cuatro puestos de la Mesa del Parlamento, que este jueves ha celebrado su primera reunión.
La extrema derecha marca su línea de actuación
La Mesa ha rechazado la petición de Vox, que quiere obligar a los electos a «jurar o prometer acatar la Constitución». Un deseo compartido por el coalición formada por PP y Ciudadanos.
En este sentido, conviene recordar que el pasado lunes, en respuesta a una petición de Carmelo Barrio, la Mesa ya indicó que el Reglamento del Parlamento, en su artículo 9.1, recoge que los electos adquirirán plena condición como representantes de la Cámara cuando cumplan los requisitos de presentar su credencial, cumplimentar las declaraciones de actividades o bienes, y acudir a la sesión constitutiva para ocupar su escaño.
Señaló que, según el reglamento del Parlamento y los precedentes de legislaturas anteriores, no es necesaria la jura o promesa de acatamiento a la Constitución española para tomar posesión como parlamentario.