El Gobierno conservador ha puesto sobre la mesa una reforma radical de la ley del suelo que facilitará la creación de terrenos urbanizables y minimizará los requisitos para obtener permisos de construcción.

El eslogan que ha utilizado Boris Johnson, «Build, build, build» («Construir, construir, construir», en inglés), define el espíritu de su proyecto, con el que espera rescatar a uno de los sectores más castigados por el parón de actividad que han supuesto las medidas contra el coronavirus.

Entre abril y junio, cuando el PIB británico cayó un 20,4%, la construcción se desplomó un 35%, más que los servicios, que en conjunto retrocedieron un 19,9%.

Más rápido, menos permisos

El plan de choque de Johnson prevé dar luz verde automática a proyectos urbanísticos en numerosas zonas y eliminar la necesidad de solicitar licencias municipales para muchas conversiones de espacios comerciales en viviendas.

Con ello, el Gobierno promete impulsar el empleo, mejorar las perspectivas del sector y contribuir a paliar el problema del acceso a la vivienda con un aumento de la oferta.

El director de políticas de la patronal de empresarios CBI, Matthew Fell, ha dado la bienvenida a unas medidas que, en su opinión, «van a permitir a los constructores ponerse a trabajar», mientras que la Real Institución de Gestores Inmobiliarios las ha saludado como «un paso en la dirección correcta».

Falta de vivienda social

Los planes del Ejecutivo tory han levantado críticas entre quienes sostienen que no promueven lo suficiente la construcción de viviendas y equipamientos sociales, y lamentan que se restrinja el poder de ayuntamientos y vecinos para condicionar ciertos planes urbanísticos.

El proyecto «no hace prácticamente nada para garantizar que existan hogares asequibles, bien diseñados y sostenibles», comenta a la agencia Efe Alan Jones, presidente del Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA, por sus siglas en inglés).

«No hay duda de que el sistema de planificación necesita una reforma», subraya Jones, que considera, sin embargo, que la «desregulación no es una solución», sino que puede llevar a la creación de una «nueva generación de viviendas precarias».

¿Infraviviendas o mejor aprovechamiento?

Un informe elaborado por el University College London para el Gobierno advierte de que las conversiones de espacios comerciales para uso residencial que no requieren que los ayuntamientos revisen el proyecto tienden a saltarse los estándares mínimos de habitabilidad.

Entre 2015 y 2018, solo el 22% de esas conversiones cumplió los estándares de espacio recomendados para una vivienda, frente al 73% en el caso de los proyectos que sí tuvieron que obtener una licencia antes de ser ejecutados, según ese trabajo.

Los académicos describen que es habitual encontrarse con apartamentos minúsculos, de hasta 16 metros cuadrados –menos de la mitad de los 37 metros cuadrados que se considera el mínimo estándar para una vivienda nueva–, y concluyen que el cambio de uso sin aprobación previa, la vía administrativa que Johnson quiere promover, «parece crear espacios residenciales de peor calidad».

Por su parte, el ministro de Vivienda, Robert Jenrick, defiende que la reforma va a permitir «recortar burocracia innecesaria y otorgar a los propietarios de pequeños negocios la libertad que necesitan para adaptarse y evolucionar».

En un país en el que muchas ciudades se expanden en amplios vecindarios de casas bajas con jardín, la nueva ley permitirá que «las familias agreguen hasta dos pisos a su hogar», lo que «les otorgará el necesario espacio para sus hijos o para familiares mayores», ha sostenido.

El Ejecutivo argumenta, además, que las medidas reducirán la presión para construir en espacios verdes sin edificar en el extrarradio de las ciudades.

Tres categorías de terrenos

El proyecto de Johnson acabará con la compleja catalogación actual de los terrenos y los dividirá en solo tres categorías, bautizadas como suelos de «crecimiento», de «renovación» o «protegidos».

Si un terreno queda designado como de «crecimiento», se podrán levantar en él nuevas viviendas, hospitales y escuelas de forma automática, sin necesidad de tramitar un permiso, mientras que en los espacios de «renovación» se requerirá que los ayuntamientos den luz verde a un proyecto específico.

Las zonas naturales quedarán fuera de los planes urbanísticos, mientras que la construcción de edificios singulares contará con una vía acelerada para recibir aprobación.