Justicia empezará a tramitar las peticiones de indulto del «procés», sin prejuzgar nada

Juan Carlos Campo, ministro español de Justicia, ha anunciado que la semana que viene comenzarán a tramitar las peticiones de indulto para los presos políticos catalanes, sin adelantar un desenlace. Se barajan entre cuatro y seis meses para decidir.

Naiz|2020/09/23
Forcadell
Carme Forcadell, tras salir de prisión con un permiso. (@ForcadellCarme)

El ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los presos políticos catalanes condenados por «sedición».

Así lo ha manifestado Campo en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, sobre la deriva en la que está instalada la Justicia española. Desde el Ministerio de Justicia han apuntado que, «una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía».

La última petición de indulto para los condenados del procés se presentó el pasado mes de agosto en favor de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, quienes además adjuntaron una carta dirigida a Campo esgrimiendo que el espíritu de servicio de Forcadell ha sido «absolutamente ejemplar» en el transcurso de los años.

El Gobierno de Pedro Sánchez también tiene sobre la mesa otra demanda en el mismo sentido instada por UGT en beneficio de la exconsejera Dolors Bassa y otra del abogado catalán Francesc de Jufresa que afecta al conjunto de los condenados.

El titular de Justicia ha explicado además que el Ejecutivo español mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de «rebelión» y «sedición» para «adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países».

Recelo dentro del soberanismo

Las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural han afirmado que un indulto para los presos independentistas no solucionaría el conflicto político y han vuelto a insistir en que la única solución pasa por ejercer la autodeterminación y por una ley de amnistía.

En declaraciones a la prensa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con motivo de la declaración del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su segunda causa por desobediencia, la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamado al independentismo «consensuar una estrategia para recuperar la iniciativa». Asimismo, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmado que lo único que tiene que hacer el Estado «es aprobar esta ley de amnistía que permitiría que haya una solución integral para todas las personas represaliadas». «Un indulto no sirve para nada, más allá de la solución personal de la persona represaliada».

Por su parte, el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha tachado las declaraciones de Campo de «cantos de sirena», y ha afirmado que no solucionan el conflicto, ya que cree que «la solución pasa por la amnistía», aunque ha manifestado su «respeto» para todas las soluciones personales que puedan haber para los dirigentes independentistas encarcelados.

En el mismo sentido, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha subrayado que «es una cuestión que se tiene que hacer por la fuerza; no es ningún gesto ni ninguna voluntad añadida, es una tramitación que marca la ley». Vilalta ha insistido en que para ERC la solución al conflicto catalán pasa por «la amnistía y la autodeterminación».

Indultos sonados

Existen diferentes clases de indulto, podría ser total o parcial. Según la ley española «es imprescindible que el indulto no cause perjuicio a terceras personas o no lastime sus derechos» y además «el penado debe haber obtenido el perdón de la parte ofendida».

A pesar de ello ha habido indultos que cuestionan estos términos. Sin ir más lejos, de los 62 agentes de las FSE que han sido condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 han sido indultados por gobiernos del PP y del PSOE. El indulto más masivo se produjo en diciembre de 2000, cuando fueron indultados nada menos que un total de 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó su decisión asegurando que todas estas personas indultadas de delitos de tortura habían sido condenados por casos de «escasa gravedad» (aplicación de descargas eléctricas en pene, testículos y cabeza, simulacros de ejecuciones con pistola o por ahorcamiento, golpes continuados...)

Del mismo modo, Rafael Vera y José Barrionuevo, exministro de Interior y exsecretario de Estado del Gobierno de Felipe González, fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de «detención ilegal» y «malversación de fondos públicos». En diciembre de 1998 el Gobierno de José María Aznar les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial y el tercer grado penitenciario tras tres meses encarcelados. La medida también benefició al exsecretario general del PSE de Bizkaia, Ricardo García Damborenea, el exgobernador civil Julián Sancristóbal y el exjefe superior de la Policía de Bilbo, Miguel Planchuelo.

Más reciente es el caso de los cuatro mossos d'esquadra condenados por amenazar, golpear y meterle la pistola en la boca a un detenido. El Tribunal Supremo los condenó a cuatro años y medio de prisión en 2012, pero el Gobierno de Mariano Rajoy conmutó la pena por una multa de 7.200 euros.

También fue obra de Rajoy en 2012 el indulto a los comandantes sanitarios que fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42.