Pablo Ruiz de Aretxabaleta

Chile decide un cambio de modelo social

Además de acabar con la herencia de la dictadura, el referéndum de hoy sobre el cambio constitucional en Chile abre la puerta a un nuevo modelo social y crea expectativas de transformaciones democráticas en un contexto de fuerte movilización.

Cerca de 14,7 millones de personas están convocadas a las urnas en Chile. (Pedro UGARTE / AFP)
Cerca de 14,7 millones de personas están convocadas a las urnas en Chile. (Pedro UGARTE / AFP)

Cerca de 14,7 millones de personas están convocadas hoy para decidir en las urnas si quieren reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y origen de una sociedad con extremas desigualdades que estallaron el año pasado en protestas y que continúan reclamando cambios sociales profundos.

En las papeletas encontrarán las opciones «Apruebo» o «Rechazo».

El actual Gobierno de Sebastián Piñera aceptó a regañadientes la reforma constitucional, viendo una salida a la grave crisis social que vive el país y como forma de aplacar el descontento. Pero la ambición de las propuestas de cambio va mucho más allá y trata de garantizar el derecho a la salud, la educación, las pensiones, la seguridad social, el respeto a los pueblos originarios o la propia forma de gobernanza del país frente a un texto vigente que da prioridad a los intereses privados y al mercado sobre lo público y sobre los ciudadanos y ciudadanas.

La crisis social había permanecido larvada durante años y el presidente Piñera acababa de declarar a Chile como un «oasis» de estabilidad en América Latina cuando el aumento del precio del bono de metro hizo estallar el polvorín. A los estudiantes se sumaron aquel 18 de octubre otros manifestantes, y al caer la noche ardían edificios y vehículos en varios puntos de Santiago. La noche terminó con tanquetas militares custodiando el palacio de Gobierno, reavivando el recuerdo de la represión de la dictadura.

Una semana después, 1,2 millones de personas se congregaron en la plaza Italia de Santiago, en la mayor concentración de la que se tenga registro en el país. La Fiscalía Nacional contabilizó hasta enero 31 fallecidos en el contexto de esas manifestaciones.

Herencias de las dictaduras

La movilización puso en marcha el actual proceso de cambio para acabar con una Constitución que es la pesada herencia que dejó la dictadura, redactada bajo el régimen militar y diseñada bajo la influencia de un grupo de economistas neoliberales. A pesar de que ha sido reformada decenas de veces, mantiene bienes y servicios públicos básicos en manos del mercado, dejando en un segundo plano las políticas públicas.

El expresidente de Chile Ricardo Lagos, bajo cuyo mandato se introdujeron 58 reformas, asegura que eliminó «los enclaves autoritarios» de un texto que, a su juicio, ya pasa el «test democrático». Pero reconoce la necesidad de una reforma que acabe con «los últimos remanentes» de la dictadura.

Según explica el profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago Michael Albertus, más de dos tercios de las transiciones a sistemas democráticos desde la II Guerra Mundial se han visto condicionados por constituciones heredadas de dictaduras o elaboradas por las élites que las amparaban. «Las instituciones democráticas son frecuentemente diseñadas por el régimen autoritario saliente para proteger a las élites en ejercicio del estado de derecho y darles una ventaja injusta sobre la política y la economía después de la democratización», sostiene en su estudio ‘Autoritarismo y orígenes elitistas de la democracia’.

En el caso de Chile, afirma que la desigualdad actual está en un nivel similar al de la época de Pinochet y que el sistema sigue plagado de tráfico de influencias por parte de las élites. El sistema electoral, los nombramientos legislativos, las inmunidades, el diseño de tribunales constitucionales y los umbrales de supermayorías para aprobar cambios son algunos mecanismos de este tipo de «constituciones heredadas», «una receta para la desigualdad y para el descontento democrático», subraya Albertus.

El cambio que se pone ahora en marcha trata de derechos sociales, pero también de un gobierno para la mayoría, en el que las leyes puedan cambiarse. Algunos temas ya se apuntan. Así, el régimen político podría orientarse hacia un modelo con más peso parlamentario y se abordará la descentralización y las competencias de las regiones.

Pero, sobre todo, son derechos sociales como la sanidad, la educación o los recursos naturales los que copan el interés de los chilenos que quieren dejar atrás las privatizaciones heredadas del régimen pinochetista.

«Es muy importante que establezcamos en el nuevo texto que lo primero no es la libertad individual», señala Francisca Crispi, del Colegio Médico de Chile, una de las organizaciones más críticas con la gestión gubernamental de la pandemia. «En la medida en que protejamos los principios de la seguridad social, avanzaremos hacia un sistema menos segregador», añade.

El sistema chileno de pensiones, pionero en establecer la capitalización individual, es otro punto fundamental del debate. Para los que cotizaron entre 30 y 35 años, la pensión promedio es de apenas 280 dólares, es decir, un tercio más bajo que el ingreso mínimo, como explica el portavoz de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, que asegura que «eso es lo que explica el estallido: los jóvenes ven a sus viejos con pensiones miserables».

Chile es también uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo en la gestión del agua. Se calcula que actualmente el 80% de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía. Este modelo, junto a la sequía más grave en décadas, ha llevado al país al estado de «crisis hídrica», según indica Estefanía González, de Greenpeace.

Por su parte, los pueblos originarios, que representan cerca del 10% de la población total, ven la oportunidad de logar un mayor autogobierno y de verse reconocidos en una nueva Ley Fundamental, si bien saben que habrá resistencias sobre el derecho a la tierra. El movimiento feminista, mientras tanto, quiere garantizar «el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como los derechos sexuales y reproductivo», tal como señala Carolina Jiménez, del Observatorio contra el Acoso.

Incluso, puede convertirse en una Constitución pionera en el mundo si reconoce los neuroderechos, la protección legal frente a las técnicas de lectura y manipulación del cerebro, una propuesta que plantea un grupo de científicos internacionales.

Los sondeos apuntan al «Apruebo»

Mientras la izquierda y el centroizquierda apuestan por el «Apruebo», la derecha aparece dividida, desde el ultra Partido Republicano que apuesta claramente por el «Rechazo» hasta algunos líderes de la Unión Demócrata Independiente que se muestran a favor del cambio constitucional.

Las últimas encuestas predecían la victoria del cambio, al que dan al menos un 67% de los votos, previendo además una alta participación en un país que habitualmente presenta una gran abstención, una cuestión que será clave en el resultado y más aún con el miedo al contagio por el coronavirus, que puede mermar la afluencia de votantes.

Menos claro está el resultado en cuanto al modelo de organismo que redactará la nueva Carta Magna, la segunda pregunta del plebiscito: si el órgano encargado de elaborar el nuevo texto debe ser una asamblea formada solo por representantes elegidos para esta cuestión o integrada al 50% por actuales diputados. Los sondeos dan en torno al 57% a la asamblea constituyente frente al modelo mixto, que daría mayor capacidad a la derecha para vetar o controlar los cambios comentados.

De salir la opción del «Apruebo», la elección de los constituyentes se realizará el 11 de abril y la nueva Constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, probablemente en mayo de 2021, esta vez con voto obligatorio, y no estará vigente hasta 2022. Un largo proceso en el que la presión de la calle que lo puso en marcha será importante para que no descarrile.