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El Congreso español vota el jueves la duración de la alarma y Lakua cree que no bastará con medio año

El Pleno del Congreso español votará este jueves la prórroga del estado de alarma decretado el domingo para hacer frente a la segunda ola del coronavirus, una medida excepcional que el Ejecutivo de Madrid quiere prolongar durante seis meses, mientras que Lakua cree que medio año no será suficiente y llama a recurrir después a otras fórmulas.

El Pleno del Congreso español votará este jueves la prórroga del estado de alarma. (Manu FERNANDEZ/AFP)
El Pleno del Congreso español votará este jueves la prórroga del estado de alarma. (Manu FERNANDEZ/AFP)

El debate sobre la prórroga del estado de alarma arrancará a las nueve de la mañana del jueves con la comparecencia del Gobierno español y, una vez finalizado, se tratarán los demás puntos del orden del día que ya estaba previsto.

Para poder sacar adelante la prórroga de seis meses que ha puesto sobre la mesa, el Gobierno español sólo requiere mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, y ya cuenta con los apoyos y abstenciones necesarios para conseguirlo puesto que, de momento solo Vox ha avanzado abiertamente su voto en contra y, a priori, no se esperan más votos negativos.

El portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, cree que no bastará medio año de estado de alarma para superar la situación sanitaria y ha planteado que se busquen otras fórmulas que garanticen que las instituciones puedan adoptar medidas restrictivas «con garantías jurídicas» para hacer frente a la covid-19.

«Algo hace falta. El único instrumento que existe en estos momentos es el estado de alarma, que durará lo que tenga que durar, pero sería conveniente que se busquen otras fórmulas para hacer frente a esta situación, sin tener que recurrir permanentemente al estado de alarma», ha subrayado.

Según ha advertido, «en estos momentos, nadie sabe cuánto va a durar esta situación de pandemia. Nadie en el mundo, ningún gobierno ni ninguna autoridad científica o sanitaria, sabe cuánto tiempo que se va a tener que convivir con esa enfermedad».

A su juicio, el estado de alarma es «una figura jurídica, normativa, que permite la adopción de medidas restrictivas con todas las garantías de un Estado de Derecho». No obstante, ha considerado que también puede haber otras normativas del ámbito sanitario que ofrecieran la garantía «suficiente».

En este sentido, el responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que, inicialmente, el próximo jueves los jeltzales apoyarán el nuevo estado de alarma como «única medida» para dar cobertura a medidas restrictivas.

Sobre el hecho de que el PP pida menos tiempo, en concreto, ocho semanas, y que ERC también reclame una limitación menor, cree en ambos casos estan condicionados «por el propio calendario».

Los republicanos consideran necesario el estado de alarma pero tienen salvedades respecto a la letra pequeña y, en concreto, consideran que una prórroga de seis meses, tal y como reclamó Sánchez, es demasiado larga. Esta será una de las cuestiones que tratarán de negociar con el PSOE y Unidas Podemos antes de decidir su voto.

Ciudadanos tampoco está conforme con el plazo pretendido por el Gobierno español pero, al contrario que ERC, ya ha anunciado su apoyo.

«Excesivo» también para EH Bildu

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, asume que el estado de alarma debe tener una vigencia larga, incluso contemplar un horizonte hasta mayo, pero considera «excesivo» prorrogarlo directamente durante seis meses «sin apenas control parlamentario».

Así lo ha explicado en rueda de prensa la dirigente de la coalición soberanista, cuya formación no desvelará hasta el último momento el sentido de su voto. Y es que confía en que se pueda llegar a un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para recortar esa vigencia inicial de seis meses.

«Hay fórmulas para una solución de consenso», ha comentado Aizpurua, quien sostiene que sería «una irresponsabilidad total» no apoyar el estado de alarma, teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia sanitaria.

En este contexto, no estima «desacertado» fijar un horizonte general de vigencia de seis meses, siempre que se haga con control parlamentario. No considera necesario que las prórrogas tengan que votarse cada 15 días –como ocurrió durante la primera ola de la pandemia– pero sí que se fije algún instrumento para que el Gobierno español rinda cuentas.

Eso sí, ha subrayado que, para frenar la pandemia, son necesarias, pero en ningún caso suficientes, las medidas de restricción de movimientos, sino que hay que acompañarlas de más recursos para la sanidad y de ayudas sociales y económicas para los sectores más afectados por la pandemia.