El Gobierno español ha defendido este jueves en el Congreso que el estado de alarma ya decretado se extienda durante seis meses, hasta mayo de 2021. «Llega un invierno largo y es necesario un esfuerzo más», ha argumentado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde la tribuna.

Su posición ha salido adelante en la votación final, con 194 votos a favor, 99 abstenciones y 53 en contra. En el sí han estado los dos grupos del Gobierno, ERC, PNV, Ciudadanos y otros; en la abstención, por motivos muy diferentes, PP y EH Bildu; y en el no, Vox y Foro Asturias.

«No es el momento de relajar medidas, van a ser meses muy duros», ha advertido Illa en su intervención inicial tras conceder que el Gobierno es consciente del «cansancio» acumulado por la ciudadanía en estos casi ocho meses de pandemia.

El Ejecutivo contaba con respaldo mayoritario a la fórmula de la alarma, aunque había matices entre los grupos sobre el alcance temporal y el reparto de la gestión entre el Gobierno estatal y los autonómicos. En su intervención inicial Illa ha invitado sobre todo al PP a sumarse, tirando de la brecha abierta con Vox en la fallida moción de censura: le ha recordado que el partido ultra va a impugnar la alarma en el Constitucional y que el PP puede desmarcarse tomando una posición constructiva.

Madrid buscaba en este debate y votación ser eximido de tener que acudir al Congreso cada dos semanas a solicitar prórroga, algo que cabe recordar que se le fue complicando en abril y mayo pasado hasta terminar dando por finalizada la alarma el 21 de junio.

Salvador Illa ha justificado este largo plazo para tener un «margen de estabilidad» y «por la experiencia previa». Ha concedido solo que el presidente, Pedro Sánchez, acuda cada dos meses al Congreso a informar (él lo haría más veces como ministro de Sanidad), y también que a los cuatro meses los presidentes autonómicos puedan evaluar si es necesario mantener la alarma: «Es un 4+2», ha defendido por tanto Illa.

Sobre lo que llama «cogestión», ha expuesto que «hay escenarios de transmisión muy diferentes y que, por tanto, necesitan diferentes medidas de control», admitiendo por tanto la conveniencia de una gestión autonómica, pero apostillando acto seguido que Sanidad debe tener una función de «coordinación». Ha saludado que diez presidentes autonómicos les pidieran esta alerta (el primero fue el de Melilla y el segundo el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu).

El «objetivo» al que hay que llegar de modo «progresivo» es el nivel denominado «bajo», que supone una incidencia acumulada en catorce días de 25 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, ha recordado, todo el Estado está en nivel «alto» (más de 150) o «muy alto» (más de 650), salvo Canarias. A día de hoy, cabe recordar, en Nafarroa este indicador llega a 1.079 y en Araba (el menos afectado) es de 393.

En cuanto a capacidad asistencial, ha hablado también Illa de riesgo «alto», con varios territorios «por encima del 35% en ocupación de UCI» por parte de enfermos de covid-19. «Está empezando a haber signos de tensión importante, sin recuperarse aún de los efectos de la primera ola», ha añadido.

En el otro lado de la moneda, ha apuntado que esta segunda ola será mejor afrontada por el incremento de recursos como pruebas de detección. «Por eso este segundo estado de alarma tendrá unas características muy distintas al de marzo», ha dicho el ministro.

Casado: «Salvar la Navidad»

La mano tendida de Illa ha sido mordida inmediatamente por Pablo Casado, líder del PP, si bien ha eludido votar en contra. Ha dicho que no tenía previsto intervenir pero ha salido a despotricar contra la gestión del Gobierno. Ha reprochado a Pedro Sánchez que «esté ausente» al contrario que Angela Merkel en Berlín o Emmanuel Macron en París, a quienes ve como «líderes».

Casado ha contrastado esta propuesta de estado de alarma con las decisiones drásticas tomadas en otros países ahora con el objetivo de «salvar la Navidad», algo que considera muy importante para el comercio y también para las familias. «¿Por qué no hacemos una medidas quirúrgicas como hizo Corea, en vez de ahogar la economía?», ha proseguido. Su discurso ha sido abiertamente contradictorio con la escasa acción de la principal comunidad del PP, Madrid.

Tras ello ha confirmado que el PP se abstendrá en la votación, algo que Casado ha justificado para «no dejar sin mecanismo jurídico a las autonomías» pero evitando a la vez dar un aval a un Gobierno cuya gestión le parece desastrosa.

Santiago Abascal (Vox) le ha seguido en la tribuna confirmando en no con su habitual tono apocalíptico e insultante.

Unidas Podemos y el independentismo

Pablo Echenique (Unidas Podemos) ha defendido la necesidad de este estado de alarma incidiendo en que podría ser levantado antes y que será gestionado por las autoridades. Y cargando contra quienes hacen una apología falsa de la «libertad» y que en realidad solo quieren mantener sus privilegios de clase.

Gabriel Rufián (ERC), que ha comenzado denunciando los encarcelamientos de empresarios catalanes el miércoles, ha avanzado también el apoyo a un estado de alarma que considera muy diferente al anterior, «como un huevo a una castaña».

Elevádonse al análisis general del momento, Rufián ha dicho que ERC actúa «con sentido de Estado, el nuestro», ante una situación «terrorífica». Un azote de la pandemia ante el que, ha añadido, «hay poco margen para la magia» y «el exceso de prudencia debe ser perdonado». Sobre el plazo de seis meses, «que dure lo que tenga que durar, así de sencillo», ha concluido Rufián. Y ha incidido en que en estos seis meses se incrementará «el escudo social».

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha anunciado la abstención: «Seremos responsables otra vez porque el objetivo prioritario es salvar la salud y la vida de la gente, pero también recordamos la necesidad de más soberanía precisamente para esto, no para poner una frontera o una bandera. Tenemos un nivel de autogobierno totalmente insuficiente ante crisis como esta y lamentablemente no será la última vez que se evidencie».

Aizpurua ha añadido que no solo basta con medidas coercitivas, sino que hay que reforzar el sistema sanitario, para lo que EH Bildu presenta una batería de propuestas: «Lo que no puede volver a suceder es que no haya rastreadores o sea haga negocio con una situación de pandemia». Y en paralelo ha reclamado medidas socioeconómicas para paliar los efectos de la crisis, para lo que también tienen iniciativas. Las echa en falta en esta declaración de alarma.

Justo antes, Aitor Esteban ha anticipado un sí del PNV, justificado igualmente en las necesidades sanitarias y la conveniencia de un marco de seguridad jurídica. Esteban se ha mostrado disconforme con discursos como el de Casado que apuntan a «salvar la Navidad» cuando «no podemos saber qué va a pasar».

«La gente ha estado perpleja ante medidas que se tomaban y luego eran tumbadas por los tribunales. Necesitamos un marco estable para poner y quitar medidas. Esto hace el estado de alarma. Se pone agilidad para poner o quitarlas, sí tendremos el instrumento jurídico para actuar rápidamente. Significa dar rapidez», ha argumentado Esteban.