En un contexto marcado por la crisis sanitaria y el impacto que esta ha causado en los diferentes ámbitos asistenciales, sobre todo en las residencias de mayores, el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales (OISS), que incluye al Gobierno de Lakua, a las diputaciones y a Eudel, tiene previsto reunirse el 4 de diciembre para llevar a cabo una evaluación del I Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV (PESS), a través de un documento, un primer borrador, que hace balance del estado actual y la evolución de un sistema del que depende el bienestar y la propia vida de miles de personas.

El documento, elaborado por Lakua para su contraste en el seno del OISS, y al que ha tenido acceso este diario, explica el modo en que se están implementando las directrices de la ley de Servicios Sociales, que regula por primera vez el acceso a las prestaciones y servicios como un derecho subjetivo. Y dentro de los múltiples puntos que aborda, en uno de sus apartados expone los cambios que se han producido en el número de plazas ligadas al Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) entre el 1 de enero de 2012 y la misma fecha de 2019, siete años después.

En ese tiempo, el sistema ha incrementado su capacidad en 5.665 plazas, hasta llegar a 33.265, que es el total disponible para cubrir los servicios –dependencia/autonomía de personas mayores, discapacidad, desprotección y exclusión– que ofrece.

Pero uno de los elementos que más llama la atención en ese informe es el peso que ha adquirido el sector privado en algunos espacios de actuación del SVSS, en concreto, en los centros residenciales para personas mayores y, en menor medida, en los centros de día para mayores en situación de dependencia, un protagonismo mucho mayor del que era en 2012.

Derivar a centros privados

Esa presencia del sector privado se concreta sobre todo a través de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS), unas ayudas cuya función es contribuir al coste de una plaza privada en un centro de día o residencia permanente, cuando la persona en situación de dependencia esté en una lista de espera para acceder a una plaza de carácter público o concertado. Es decir, a través de las PVES la administración abona una cantidad a la persona beneficiaria para, al no haber cobertura en el sistema, ayudarle a pagar a un centro privado ese servicio.

Se transfieren de este modo fondos públicos a entidades privadas para atender necesidades que la administración no cubre.

Y esa transferencia de fondos se está llevando a cabo de forma creciente en el tiempo, como puede verse en la tabla adjunta, donde se aprecia que las plazas vinculadas a esas ayudas económicas han pasado de 1.753 a primeros de 2012 a 4.489 siete años después. Una subida del 156%.

Ese incremento ha sido mucho mayor que el del número de las plazas totales en el sistema, por tanto, el porcentaje de usuarios que se derivan al sector privado ha crecido. De hecho, se ha duplicado, pues las 1.753 plazas de 2012 eran el 6,35% del total, mientras que 4.489 es el 13,49% de las plazas que había en 2019.

La mayoría de esas PVES se destinan a usuarios de las residencias para mayores, donde han adquirido una gran importancia, hasta el punto de que en 2019 representaban el 21,76% del total; 3.008 de 13.822 plazas. Siete años antes, esas ayudas suponían 1.157 de las 11.503 plazas que había en el sistema, un 10%.

De modo que también en este ámbito su peso se ha doblado.

Con todo, las cifras son mucho más llamativas si observamos la evolución que ha habido en el número de plazas disponibles, ya que de las 2.319 plazas ganadas en siete años, 1.851 son en centros privados pagadas con dinero público, nada menos que el 79%. Apenas se han creado plazas en residencias públicas o concertadas, y el sector privado ha ocupado ese hueco.

Un 45% de las plazas en Araba

Por herrialdes, las diferencias son bastante llamativas. Así, mientras en Gipuzkoa las PEVS cubrían en 2019 el 5,6% de todas las plazas, 280 de 4.935, –y en 2012 no llegaban al 2%–, en Bizkaia, el territorio donde más hay (1.856) representan el 26,6% del total –era el 10,4% en 2012–.

Sin embargo, esas cifras quedan lejos del porcentaje que se da en Araba, donde en 2019 el 45% de todas las plazas en residencias para mayores estaban vinculadas a las PVES: 872 de 1.913. Casi la mitad de las plazas que el Sistema Vasco de Servicios Sociales pone a disposición de los usuarios de estos servicios en Araba son de centros privados, pero abonadas –aunque la ayuda no suele cubrir todo el coste– con dinero público.

Otro servicio en el que las administraciones de la CAV hacen uso de las PEVS es el que representan los centros de día para personas mayores en situación de dependencia, donde las cifras totales no son tan abultadas pero también muestran datos llamativos. Por ejemplo, lo ocurrido en Araba, donde en 2012 no había ninguna plaza vinculada a esas ayudas de las 590 que se ofrecían, mientras en 2019, el número total de plazas había caído hasta 555 –35 menos– pese a que se habían incorporado 38 plazas privadas subvencionadas con dinero público. De modo que en ese periodo el número de plazas públicas o concertadas se redujo en 73, de 590 a 517.

En Bizkaia también había menos plazas en 2019 que en 2012, 144 menos, a pesar de las 587 PVES nuevas. En 2012 no había esas ayudas, y en 2019 el 43% de las plazas que ofrecía el sistema ya eran de este tipo.

En Gipuzkoa, por contra, todas las plazas seguían siendo de centros públicos o concertados, y además es donde más ha crecido la oferta, de 1.407 a 1.559, un centenar y medio largo más.

«Factor de equilibrio»

El negocio vinculado a los servicios sociales ha sido boyante para el sector privado en estos años. Y no es un negocio menor, pues el dinero destinado a pagar las PEVS en 2018 alcanzó los 19 millones de euros. La mayor cantidad, 8.702.910 euros, fue abonada en Bizkaia, pero en proporción al número de habitantes, Araba es el herrialde que más pagó para atender ese servicio: 7.983.416 euros. La factura en Gipuzkoa ascendió a 2.366.545 euros.

Se trata, como ya se ha dicho, de dinero público que acaba en manos privadas. Sin embargo, no es algo que preocupe o incomode a los autores del borrador, donde se afirma que el uso de la PEVS «constituye un factor de equilibrio del sistema», y se destaca que ya lo «preveía la ley al regularla en el artículo 16.2 d) como un elemento del que cabe disponer en supuestos tasados, pero de forma estructural (sin quedar sujeta a un régimen transitorio)».

En ese artículo se cita como función de las PEVS «facilitar el acceso, fuera del Servicio Vasco de Servicios Sociales, a una prestación o servicio de características similares a la prestación o servicio del catálogo al que tiene derecho la persona usuaria, pero cuyo acceso no se puede garantizar temporalmente, en el marco de los servicios integrados en dicho sistema, por falta en su caso de cobertura suficiente del mismo». Por tanto, esta ayuda no debería tener vocación de permanencia, «debiendo ofrecerse a la persona perceptora el acceso al servicio en cuanto resulte posible».

También se indica que las PEVS sólo son aplicables a servicios cuya provisión se encuentre en curso de desarrollo según lo previsto en la planificación del Sistema Vasco de Servicios Sociales», es decir, «para los que exista un objetivo de cobertura superior a la disponibilidad existente en cada momento». Y añade que aun «manteniéndose o aumentando incluso el número total de PEVS en el sistema, debería existir rotación en las personas que las utilizan».

Puerta abierta a otros ámbitos

Pero con rotación de usuarios o no, lo cierto es que el número ha crecido sustancialmente, y todo indica que lo va a seguir haciendo. No solo en las residencias para personas mayores, pues el informe plantea abrir la puerta a otros espacios de actividad.

En el apartado dedicado a mejoras en servicios y prestaciones económicas, para los centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social, y los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación, se apuesta por «el uso de las ayudas económicas o la PEVS para responder a necesidades de alojamiento, con acompañamiento social».

Unas páginas más adelante se insiste en esa idea, y al abordar los objetivos correspondientes a la red de atención en el ámbito de la exclusión, los autores del borrador opinan que «sería necesario mejorar la atención a las personas en exclusión en las que confluyen otras contingencias o situaciones (dependencia, discapacidad, enfermedad mental, consumos, etc.), y estudiar la posible extensión de las prestaciones económicas (PEAP, PECEF y PEVS) a este colectivo».

Abren así un nuevo nicho de mercado para el sector privado, que ha encontrado un filón en la incapacidad o la dejadez de la administración al atender necesidades que son derechos.