Ainara Lertxundi
2019ko azken igandea; Urte berriaren atarian

Latinoamérica, sacudida por las protestas sociales y el exilio forzado de Evo Morales

Por diferentes casuísticas, Ecuador, Haití, Honduras, Perú, Chile y Colombia han sido en este 2019 escenario de protestas ciudadanas, de exigencias colectivas, a lo que se suma la obligada salida del Gobierno de Evo Morales, quien en noviembre tuvo que salir de Bolivia junto a su vicepresidente y persona de confianza, Álvaro García-Linera, por el clima de violencia instigado por la oposición tras las elecciones presidenciales en las que resultó ganador para un cuarto mandato. La cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana se unieron a los dirigentes opositores, forzando la salida de Morales, que en un primer momento fue recibido en México por el presidente Manuel Andrés López Obrador. La hasta ese momento vicepresidenta segunda, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta. Habrá que ver cuándo y cómo se desarrollan las nuevas elecciones, a las que ni Morales ni García-Linera se pueden presentar. Desde su trinchera argentina, donde ha pedido refugio, el expresidente aymara ha prometido «seguir luchando por los más humildes» de su tierra.

En Haití, al menos 76 personas murieron entre setiembre y noviembre en las protestas contra el presidente Jovenel Moise y sus políticas neoliberales que han sumido al país en una profunda crisis social, política y económica. «Estamos cerca de un colapso total. La situación es insostenible», ha advertido el economista haitiano Camille Chalmers. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, uno de cada tres haitianos –3,7 millones de personas– necesitan asistencia alimentaria urgente y un millón padece hambre severa.

En Honduras, salieron a la calle para reclamar la salida del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández después de que su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández fuera declarado culpable por narcotráfico por una corte de Nueva York.

En Ecuador, la eliminación de los subsidios a los combustibles generó una ola de malestar general que se extendió por diferentes capas de la sociedad, uniendo a organizaciones sindicales y de oposición, y colectivos indígenas y universitarios. El presidente Lenín Moreno llegó a decretar el estado de excepción, trasladó temporalmente el Gobierno a Guayaquil e impuso un toque de queda en zonas estratégicas del país. Las movilizaciones fueron un clamor contra la gestión de Moreno, quien en marzo anunció las condiciones que le imponía el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un paquete de ayuda financiera.

En Perú, se vivió una situación insólita por el enfrentamiento abierto entre el presidente Martín Vizcarra y la oposición, que lidera el Congreso. La disputa llegó al punto de que Vizcarra ordenó disolver el Congreso, mientras que este consideró ilegal la medida y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Araoz, como nueva jefa de Estado. Pero las Fuerzas Armadas mantuvieron su apoyo a Vizcarra, por lo que el 1 de octubre, 24 horas después de ser nombrada presidenta, Araoz renunció al cargo.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera se ha visto forzado a prometer una nueva Constitución. La actual, de 1980, fue diseñada por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet para dejar todo amarrado. La represión desatada contra los manifestantes volvió a poner en evidencia la falta de depuración en organismos como los Carabineros, acusados de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, violencia sexual y uso desproporcionado e indebido de la fuerza, prácticas que hicieron revivir la dictadura. Al menos 350 personas han sufrido heridas oculares. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Human Rigths Watch y Amnistía Internacional denunciaron y documentaron la fuerte represión, generando fuertes críticas por parte del Gobierno, que cuestionó las fuentes y la credibilidad de estos informes.

Y, en Colombia, el Gobierno uribista de Iván Duque achacó a Venezuela y Rusia las movilizaciones nacionales contra el «paquetazo». La muerte del joven bogotano Dilan Cruz, de 18 años, volvió a poner el foco en el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), cuyo desmantelamiento exigen diversos colectivos y organizaciones por vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Cruz, a punto de graduarse, recibió un disparo por la espalda. «Dilan no murió, a Dilan lo mataron», se convirtió en un clamor nacional, pese a lo cual el Ejecutivo se mantiene en su defensa del ESMAD. Entre las reivindicaciones, los convocantes del paro nacional del 21 de noviembre incluyeron la reanudación de los diálogos con el ELN.