El Ejecutivo de Alexis Tsipras sigue tomando medidas acordes con el mandato popular que aupó a Syriza al Gobierno griego. Su programa tenía pilares muy claros. En clave externa, prometieron recuperar la soberanía y establecer nuevas reglas para la negociación con los organismos supraestatales, negando la legitimidad de la Troika para decidir las políticas del Gobierno. En este terreno, pese a las presiones y las dificultades para sacudirse la tutela y las medidas impuestas, han logrado una nueva interlocución que rompe con la dinámica subordinada asumida por los anteriores ejecutivos. En clave interna, se comprometieron a realizar una auditoria de la deuda y los rescates que provocaron una situación de emergencia humanitaria para grandes capas de la población, así como a tomar medidas destinadas a paliar a corto plazo y a solucionar a largo plazo esa situación crítica que padecen millones de griegos.

Eso es lo que prometieron en campaña y eso es lo que están haciendo en el Gobierno. Ayer mismo pusieron en marcha la comisión parlamentaria para analizar los rescates y anunciaron medidas para recuperar derechos perdidos por los trabajadores, empezando por subir el salario mínimo que les obligaron a rebajar como condición para acceder a algunos tramos del rescate. Frente a ellos, los responsables de esta crisis, quienes han gobernado durante décadas y quienes les han permitido esos desfases, los han financiado y más se han beneficiado de dicha gestión, acusan a Syriza de llevar el país al precipicio. Su grado de cinismo resulta insultante. Las medidas que ellos promovieron no solo no conllevaron mejora alguna, sino que sumieron al país en una crisis inabarcable y cruel con la mayoría de la sociedad. Frente a ellos, con un análisis veraz y certero sobre lo ocurrido y con medidas realistas y tasadas, Syriza plantea una alternativa real. Su Gobierno tiene problemas de liquidez económica derivados de la nefasta gestión de sus antecesores, pero goza de crédito político por parte de quienes les votaron.