Las elecciones municipales, estatales y legislativas de México, que se celebran a mitad del mandato del presidente, Enrique Peña Nieto, y son el primer gran test para el mandatario, comenzaron ayer con incidentes en algunas localidades del sur del país, donde se produjeron enfrentamientos entre el movimiento de maestros y grupos que llamaban al boicot y otros vinculados a los partidos que defendían su celebración. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos hace más de ocho meses en Iguala destruyeron el material electoral y más del 20% de las urnas e impidieron la colocación de otras muchas en el municipio de Tixla (Guerrero), donde se ubica esa escuela, y obligaron a las autoridades electorales a suspender al menos los comicios municipales. «Mientras no nos entreguen a nuestros hijos no habrá elecciones», había señalado Pablo Hernández, padre de Miguel Ángel, uno de los desaparecidos.

El estado de Guerrero se ha convertido en un polvorín desde el crimen de Iguala. Pero pese ese al clima de violencia que sufre Guerrero, el principal objetivo del despliegue de 40.000 efectivos militares y policiales para «garantizar el voto» y la seguridad fue el vecino estado de Oaxaca, escenario en las últimas semanas de fuertes protestas diarias por parte del movimiento de maestros que se opone a la reforma educativa de Peña Nieto que les quita derechos laborales y reclama la aparición de los desaparecidos de Ayotzinapa, entre otras demandas. Aunque el despliegue obligó a los maestros a desalojar la mayoría de los colegios electorales que ocupaban, ayer manifestantes irrumpieron en una veintena de ellos en ese estado y quemaron papeletas, urnas y mamparas de cartón.

El proceso electoral ha estado ensombrecido por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, cuyos padres se oponían a la celebración de los comicios, al que se sumó la ola de violencia contra los candidatos y la desconfianza de la población