Podríamos analizar la cuestión griega como lo están haciendo la mayor parte de medios de comunicación hegemónicos. Podríamos plantear el asunto como una simple negociación técnica e institucional entre acreedores y deudores, en el que cada cual define sus posiciones: unos (el Gobierno alemán, la Comisión y el Banco Central Europeo, el FMI), en legítima defensa de que se les pague lo que han prestado; otros (el Gobierno griego), intentando limitar al máximo las consecuencias de una mala gestión de su modelo social durante décadas. Nada más lejos de la realidad.

Nos encontramos, al contrario, ante una disputa política en la que se dirimen dos visiones enfrentadas del proyecto europeo: por un lado, los que pretenden seguir engrasando la maquinaria infernal de beneficios, capital y mercados y, por el otro, quienes situamos por encima de todo el bienestar de los pueblos, la democracia y la sostenibilidad. En esta disputa, los poderes europeos han planteado una estrategia de castigo político al pueblo griego con un claro objetivo: recuperar el lema de Margaret Thatcher de que no hay alternativa, que este es el único modelo posible. Un mensaje para todas las personas y pueblos de Europa –donde Grecia juega un papel menor, representa un problema económico menor–, pero fundamentalmente dirigido a toda opción política de izquierdas que, ahora o en el futuro, plantee un programa antiausteridad, de recuperación de la soberanía de los pueblos frente a la Troika, de auditoría y revisión de la deuda, y de descarrilamiento del proyecto neoliberal imperante en el viejo continente.

Es ahí donde se sitúa el meollo del asunto. En este sentido, no nos enfrentamos a un supuesto debate técnico y bilateral entre instituciones, sino a una negociación política de dimensiones continentales y que afecta sobre todo a los pueblos, en el que está en juego si la balanza se inclina hacia las crecientes desigualdades y a la insostenibilidad de la política actual de austeridad o hacia un horizonte real de cambio para Europa.

Esta última es nuestra opción explícita, y es desde la solidaridad entre pueblos y personas desde donde hablamos. Unos pueblos que no pueden ser castigados en el altar del capital. Unos pueblos –en este caso el griego– que no son responsables de una deuda que el propio poder ha generado (instituciones financieras multilaterales y europeas; grandes empresas; gobiernos acreedores corruptos; gobiernos deudores corruptos). Precisamente en esta idea abundan las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia, conformado por 30 especialistas –a partes iguales griegos e internacionales–, y dirigido por Eric Toussaint.

Dicho informe preliminar, en boca de Leonidas Vatikiokis, economista y profesor universitario, señala que para el período 1980-2010 gran parte de dicha deuda es ilegítima, ya que no se sustenta sobre un despilfarro público, sino fundamentalmente sobre unos intereses extremadamente onerosos; sobre un gasto militar injustificado; sobre movimientos ilícitos de capital, así como sobre las asimetrías inherentes al proyecto europeo. Cuestión por tanto de élites y no del pueblo.

Pero además la brasileña María Lucia Fattorelli, fundadora del movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda, señala que a partir de 2010 la deuda griega es ilegal, una auténtica estafa en la que FMI y Comisión Europea se valieron de empresas pantalla en paraísos fiscales para eludir la legislación europea y obligar al Estado a un canje de bo- nos en función del cual este se quedó con la deuda bancaria privada y sus productos tóxicos, sabiendo que la situación se tor- naría insostenible.

Volviendo al principio, la imagen que nos ofrecen los medios de comunicación no es real. Más que acreedores inmaculados exigiendo su dinero, estamos ante instituciones, gobiernos y empresas que actúan como ludópatas corruptos y enloquecidos, que quieren seguir jugando cueste lo que cueste. Pero juegan con nuestras vidas, con nuestro futuro.

Por lo tanto, más allá de nuestra posición ante la práctica política del Gobierno griego; de si se alcanza o no un acuerdo institucional; de si pensamos que dicho acuerdo es en estos momentos positivo o negativo; más allá incluso de las diferencias respecto a la estrategia política europea, es preciso denunciar la estafa a la que asistimos, reforzar la solidaridad entre los pueblos, llamar a la movilización social y plantear una agenda que enfrente la austeridad, que priorice el análisis de la deuda ilegal e ilegítima, y que recupere nuestra soberanía frente a los mercados. No es solo por Grecia, es también por tí.