2015/10/30

La AN defiende la dispersión pese a reconocer el daño a los familiares

La Audiencia Nacional ha comenzado a rechazar los recursos presentados por presos vascos contra la dispersión. El tribunal de excepción filtró ayer la negativa a una veintena de apelaciones, aunque los abogados solo habían recibido una. Se escuda en argumentos políticos como la «desvinculación de ETA» o la «dignidad de las víctimas».

Alberto PRADILLA|MADRID
1030_eg_zaballaona

Portazo a las demandas individuales de acercamiento a la cárcel de Zaballa (Araba). Así respondió ayer la Sección Primera de la Audiencia Nacional española a los primeros recursos contra la decisión de Instituciones Penitenciarias (primero) y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (después) que han llegado a su mesa. Cinco de los magistrados (Fernando Grande-Marlaska como ponente, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda y Fermín Javier Echarri Casi) suscribieron un texto que rechaza que la dispersión vulnere derechos, si bien no niega que provoque daños en los familiares, y liga la repatriación a la «desvinculación de ETA».

La única resolución conocida es la referente a Karlos Trenor, condenado en el 18/98. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional ampliaron a una veintena el número de recursos rechazados. A última hora sus abogados, que han convocado hoy una rueda de prensa, no habían recibido ningún otro fallo.

En el texto los jueces descartan que los derechos de «comunicaciones, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica, cultura o educación» se hayan vulnerado. Además, niega que incumpla la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya ha condenado a Rusia y a Ucrania por mantener a dos presos alejados de su lugar de origen.

La decisión es del Gobierno

Los togados no se quedan en los aspectos técnicos y entran a una valoración política del contexto actual y de la dispersión de los presos vascos. «A la vista de los acontecimientos sociales, tales como el cese definitivo de la actividad armada, que no disolución o cesación global de la actuación de la banda terrorista, ha sido modificada, posibilitando una especie de reagrupamiento controlado de una parte de aquellos internos que han roto sus vínculos con la organización terrorista. Es la denominada ‘Vía Nanclares’», indican.

Frente a los presos que se han acogido a esta vía, el fallo ubica a «otro grupo de reclusos, que han decidido no solo no cortar con la ortodoxia de la banda armada, sino continuar con sus postulados, no reconociendo a las víctimas y no cercenando así su pasado delictivo».

Resulta paradójico que el tribunal de excepción haga mención a este punto precisamente en un recurso que llega como consecuencia de la reflexión planteada por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) hace más de dos años. Entonces, los represaliados abogaban por asumir «toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad» así como explorar las vías legales para resolver su situación.

La respuesta de la AN llega a criminalizar la iniciativa de pedir la repatriación. «El propio Centro Penitenciario enmarca dicha petición en el marco de una estrategia colectiva diseñada por la dirección de la organización terrorista ETA, anunciada previamente en los medios de comunicación y que no es ajena a ese control que aquella quiere mantener de sus miembros, incluso de los internos», afirma.

Los jueces tampoco niegan los daños que la dispersión causa en las familias de los presos y admite que la regla general es que se cumplan las condenas en cárceles cercanas al domicilio. Sin embargo, para obviar que en este caso no se cumple el principio terminan parapetándose en «las víctimas», indicando que «el respeto a su dignidad quedaría quebrantado si sus victimarios residiesen en instituciones próximas», así como en la «seguridad de los funcionarios de prisiones», recordando que fueron objetivo de ETA en el pasado y obviando el fin de la lucha armada. Al final se indica que la decisión es del Gobierno.

Desde Sortu y EH Bildu se emitieron notas censurando esta decisión. Los abogados anticipan que recurrirán al TC y, en su caso, al Tribunal Europeo.

VOTO DISCREPANTE


En un contundente voto discrepante, el juez Ramón Sáez Valcárcel denuncia que la dispersión vulnera diversos derechos del preso y que va en contra de directivas europeas que deberían ser cumplidas por estados miembro.